Recurso contra la concesión de una finca de Estepona que efectuó el GIL
La Asociación para la defensa de Sierra Bermeja anunció ayer que va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la concesión de 4.889 hectáreas de suelo forestal del municipio de Estepona. El gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) cedió la finca en 1999, por 35 años, a una empresa privada de Madrid para que creara un coto de caza.
El gobierno cuatripartito de PSOE, PP, PA e IU decidió el 9 de noviembre de 2000 iniciar los trámites para anular esta concesión porque la empresa no había abonado el canon, ni presentado un proyecto técnico. La abogada Inmaculada González...
La Asociación para la defensa de Sierra Bermeja anunció ayer que va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la concesión de 4.889 hectáreas de suelo forestal del municipio de Estepona. El gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) cedió la finca en 1999, por 35 años, a una empresa privada de Madrid para que creara un coto de caza.
El gobierno cuatripartito de PSOE, PP, PA e IU decidió el 9 de noviembre de 2000 iniciar los trámites para anular esta concesión porque la empresa no había abonado el canon, ni presentado un proyecto técnico. La abogada Inmaculada González, en nombre de la Asociación, explicó que 'el pasado 13 de agosto, el actual gobierno municipal, formado por el PP y antiguos miembros del GIL, ha declarado caducado el expediente de resolución del contrato de concesión y ahora requiere a la empresa concesionaria que cumpla el contrato'. La alcaldesa, Rosa Díez, explicó: 'El expediente para resolver el contrato se inició el 9 de noviembre de 2000 y había un plazo de seis meses para cerrarlo y no se hizo. Ahora, lo que intentamos es que la empresa concesionaria cumpla todos los términos del contrato y que el municipio se beneficie de esta zona, practicando la caza o el senderismo y con un entorno natural cuidado'. Díez añade que 'el proyecto tuvo en su día el visto bueno de la Junta'.
Por el contrario la representante de la Asociación, acusa al Ayuntamiento de haber realizado esta operación 'violando las normas de publicidad, audiencia a los interesados y libre concurrencia'. González añade que, 'según la ley forestal de Andalucía de 1992, el período máximo de ocupación temporal no puede exceder de 10 años'. La Asociación considera el canon anual de 41.425 euros como 'claramente insuficiente'.