LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
Los partidos que apoyan al Gobierno vasco (PNV, EA e IU) han dado un plazo de dos meses al Ejecutivo central para que elabore un calendario con las fechas en las que materializará el traspaso de las 37 competencias pendientes a Euskadi. En el caso de que no se remita ese calendario, el Gobierno de Vitoria considerará que el Estatuto de Gernika "ha quebrado" y ejercerá esas competencias como sea.
El presidente del Gobierno replicó ayer a las nuevas pretensiones soberanistas del Ejecutivo vasco remitiendo a su máximo responsable, Juan José Ibarretxe, a debatir de gestión, que no del sentido de las autonomías, en una comisión específica del Senado.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer amparo al Consejo General del Poder Judicial ante las críticas recibidas por parte del Gobierno vasco. Estos reproches llegaron tras la resolución dictada por el juez en la que imputa a Batasuna la responsabilidad civil de los daños ocasionados por actos de lucha callejera o kale borroka.
José María Aznar ha tomado una decisión drástica. El presidente del Gobierno no se fía de cualquier candidato para la alcaldía de la capital de España y ha pedido a Alberto Ruiz-Gallardón, hasta ahora presidente de la Comunidad de Madrid, que asuma esa responsabilidad. Ruiz-Gallardón ha aceptado el envite.
ANABEL DÍEZ | Madrid
El PSOE aconseja a su secretario general que no permita que el debate de la nación se convierta en un juicio a la oposición
MELILLA: HISTORIAS DE MOROS Y CRISTIANOS / y 3
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ | Melilla
El férreo control de la frontera de Melilla está originando pérdidas a los comerciantes, cuyos principales clientes son marroquíes
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado la recusación del presidente y otros siete magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presentada por el militar Adolfo Scilingo, procesado por el juez Baltasar Garzón por su participación en delitos de genocidio.
Convergència i Unió (CiU) quiere agotar todas las posibilidades negociadoras para dar su apoyo, después de enmendarlo, al proyecto de ley en que se convertirá el decreto-ley de desempleo.
El ex general Enrique Rodríguez Galindo y los otros cuatro condenados a penas de entre 75 y 71 años de cárcel por el secuestro y asesinato de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983, recusaron ayer al visepresidente del Tribunal Constitucional, Tomás S. Vives.
