El tribunal de Guinea Ecuatorial evita dictar condenas de muerte

El tribunal compuesto por tres hombres, un militar y una mujer, que hasta hace poco ejercía de administrativa, ha dictado sentencia en el caso de la supuesta intentona golpista en Guinea Ecuatorial. Los jueces anunciaron ayer 15 condenas a 20 años para los autores; 17 de 14 años y 8 meses (entre ellos al líder de la oposición, Plácido Micó) para los cómplices; 34 de seis años y ocho meses para los encubridores, y 76 absoluciones.

El fallo corrige en gran parte la disparatada petición del jueves de la fiscalía, que llegó a solicitar 18 penas de muerte. Ahora cabe un recurso de casación ante el Supremo, órgano que mantuvo un temeroso silencio tras la detención y apaleamiento de dos de sus miembros, aforados por ley, y exculpados ahora de toda vinculación con la asonada. Queda poco margen al milagro, a no ser que medie una gracia presidencial en los próximos meses, tal vez con motivo de una visita de José María Aznar, aún en fase de negociación diplomática entre los dos países.

El presidente de la sala, Martín Nsué, nombrado en pleno proceso vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos (puesto que debe al jefe del Estado), ha aceptado como base las declaraciones efectuadas bajo torturas en la policía. Los magistrados fundamentan su sentencia en unas pegatinas (distintivos del Frente Democrático Republicano) y que, según ellos, iban a servir para diferenciar las tropas golpistas de las leales. Los jueces han seguido el argumento del acusador de que la conspiración se inició en 1997, 'en fecha no determinada', en Douala (Camerún) y Oyem (Gabón), hechos conocidos en su día por el Gobierno guineano y que provocaron el secuestro de Felipe Ondó y Guillermo Nguema Elá y su traslado a Malabo. El tribunal tampoco ha tenido en cuenta los vicios de nulidad por falta de garantías en la instrucción y en el proceso.

'Los jueces tenían un margen cero para dictar sentencia', aseguró a este periódico un miembro de la oposición democrática. Otra fuente, que no puede ser identificada por su propia seguridad, añade: 'Se debieron de reunir ayer en el palacio presidencial para decidir quién salía y quién no. Obiang habla y ellos escuchan, nadie se atreve a llevarle la contraria. Vivimos bajo un régimen de terror'. Lo más importante, según otros, es que no ha habido penas de muerte y que el tribunal ha absuelto a 76 personas, hecho que fue acogido con júbilo por los familiares y público presente en la platea del cine Marfil de Malabo.

El caso de Moto es significativo. Pese a que no se le mencionaba en el sumario ni en las conclusiones provisionales de la fiscalía y la ley no contempla el juicio civil en rebeldía, se le condena, al considerarle contumaz en ese delito.

Las modificaciones respecto a la petición de los fiscales adoptadas por el tribunal se derivan de la extrema impericia de aquéllos. 'Con ese informe final no aprueban ni primero de derecho', aseguró uno de los defensores. Un ejemplo del desatino: el delito de complicidad en una tentativa de golpe se castiga con un grado menor que el de la autoría, y el de encubrimiento, con dos menos. Su dislate fue tal que a a un procesado al que se le escaparon unos patos hasta el jardín de Felipe Ondó en 1992 le elevaron la petición inicial de 8 a 26 años y 8 meses como encubridor del golpe. Ahora es uno de los absueltos por el tribunal.

El cine Marfil de Malabo acogió, primero en silencio sobrecogedor, la lectura de la sentencia, y después con júbilo cuando Martín Nsué dijo que los absueltos eran 'libres para marchar a casa'. Los presos, sentados atrás en la bancada de la derecha, fueron pasando a los asientos delanteros tras ser leída su condena, pero sin mostrar sorpresa alguna: se sabían condenados de antemano. En las filas de la izquierda, Rubén Mayé, titular de Justicia, con su sempiterno rosario al cuello, y el ministro delegado de Seguridad, Manuel Nguema, sonreían sin disimulo: el caso había sido ganado. Tampoco debió sorprenderles la vistoria.

Las esperanzas del abogado Fernando Micó, que el jueves calificó la sentencia de 'oportunidad histórica para sentar las bases del Estado de derecho', quedaron reducidas a la nada. Los observadores internacionales y diplomáticos presentes durante el proceso aseguraron que la sentencia era 'una injusticia' y 'un paso atrás de varios años' en el respeto de los derechos humanos.

Dos países disponen de capacidad real de presión sobre Guinea: EE UU, cuatro de cuyas petroleras extraen cerca de 250.000 barriles diarios, y España, cuya actual política de entendimiento con el régimen parece haber fracasado.