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La Audiencia avala la expulsión de los ex criados de Menem

La Audiencia Nacional permitió ayer la devolución a Argentina de Oleksandr Furman y su esposa, Nataliya Podkoritova. El matrimonio ucranio -que desde 1998 hasta 2001 trabajó en el servicio doméstico del ex presidente argentino Carlos Menem y más tarde en el de su hija Zulemita- llegó al aeropuerto de Barajas el pasado 28 de mayo para solicitar asilo político. Los antiguos empleados, que testificaron contra Menem en la causa por tráfico de armas y enriquecimiento ilíticito que se siguió contra él en Argentina en 2001, basaban su solicitud en supuestas persecuciones contra ellos por parte de personas del entorno del ex presidente.

En su argumentación, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia considera que el Estado argentino 'no sólo no les persigue, sino que les ha permitido y facilitado los pasaportes precisos para su salida', y les ha concedido 'una protección [policial] especial en relación con la causa en la que han declarado como testigos, sin que nos conste que dicha protección haya cesado'.

Sin embargo, Podkoritova, recluida junto a su marido en la sala de solicitantes de asilo del aeropuerto madrileño, aseguró entre lágrimas que se les retiró la vigilancia policial el pasado enero y que en este momento estaban realizando 'a la desesperada' gestiones telefónicas para conseguir de las autoridades argentinas un documento que lo avalase, antes de que se materializase su vuelta forzosa a ese país.

Ante la negativa del Gobierno español a conceder el asilo, los ucranios barajan la posibilidad de continuar su huida hasta Polonia, pero dudan de que les sea posible entrar en ese país, ya que cuentan como única documentación con un pasaporte provisional argentino para extranjeros y carecen de visado. 'Tenemos miedo de convertirnos en apátridas', aseguró Nataliya.

El pasado lunes, el Ministerio del Interior les denegó el asilo, pero su abogada, Carmen Pérez, consiguió paralizar su vuelta con la presentación de un recurso ante la Audiencia. La letrada asegura que la denegación ha contado en todo momento con el visto bueno de la oficina de ACNUR en España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002