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El Poder Judicial en pleno censura las críticas de los políticos por el 'caso Otegi'

El Consejo expresa el 'reconocimiento' a la sala del Supremo que archivó el 'caso Otegi'

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por unanimidad una declaración que exige que las críticas a resoluciones judiciales, 'sobre todo cuando procedan de responsables políticos', se ajusten al 'respeto institucional' y tengan presente la 'única sujeción a la ley que corresponde a los juzgados y tribunales'. El origen del acuerdo fueron las críticas del presidente del Gobierno, José María Aznar, y el ministro de Justicia, Ángel Acebes, por el archivo del caso Otegi decidido por el Supremo al que, en cambio, el CGPJ muestra su 'reconocimiento'.

La resolución de la Sala Penal del Supremo que originó las críticas de Aznar y Acebes archivó la querella del fiscal contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, por haber gritado en Francia 'Gora Euskadi ta Askatasuna' ('Viva Euskadi y Libertad', las siglas de ETA). El motivo del archivo fue que no era perseguible internacionalmente una conducta que en el ámbito europeo no es delito de terrorismo, sino de opinión.

La apelación de Aznar a su dificultad para explicar a una víctima del terrorismo que la apología de éste es un delito de opinión y la invitación de Acebes a los tres magistrados a 'coger y leer' el Código Penal reformado fueron recibidas en el Supremo como un ataque, por lo que el presidente de la Sala Penal del alto tribunal, Luis Román Puerta, trasladó al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, la 'preocupación' de los 21 magistrados de la Sala.

Con mayor contundencia, los ocho consejeros de la minoría progresista -con el apoyo a la iniciativa, pero no al texto, del vocal propuesto por CiU- ya se habían dirigido previamente al pleno del CGPJ para que se uniera a su apoyo al Tribunal Supremo y condenara 'las descalificaciones' de Aznar y Acebes, que 'rompen el estándar de respeto que debe regir las relaciones entre [los poderes] Ejecutivo y Judicial'.

Finalmente, tras entregar el presidente del CGPJ el martes último un borrador de declaración a todos los vocales, la mayoría y minoría trabajó para alcanzar un texto de consenso, que fue el aprobado ayer por unanimidad.

'Control de los ciudadanos'

El documento parte de que las resoluciones judiciales son objeto de crítica, como medio del 'control de los ciudadanos' al poder público que ejercen los jueces. Inmediatamente, se apresura a decir que 'ni al CGPJ ni a sus miembros [en referencia al vocal propuesto por el PP José Luis Requero, que calificó de 'desacertado' e 'incoherente' el auto del caso Otegi] les corresponde aprobar o desaprobar resolución judicial alguna y, por el contrario, les incumbe defender las condiciones objetivas que permitan el desarrollo de la función judicial dentro de los cánones de independencia, imparcialidad y objetividad que un Estado de derecho requiere'.

Tras explicar el 'sereno clima' que la función jurisdiccional 'precisa', que 'resulta difícilmente compatible con aquellas críticas que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador' de la función y de los jueces, la declaración aborda el punto más conflictivo: los ataques gubernamentales al Supremo.

Una vez que la minoría progresista renunció, en aras del consenso, a mencionar a Aznar y Acebes, se optó finalmente, frente a expresiones más formales o crípticas, por referirse a 'los responsables políticos'.

Así, el texto prosigue: 'Por todas las expresadas razones, el CGPJ entiende indispensable que los comentarios que se refieran a los autos y sentencias, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se muevan en las coordenadas de respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, y que dichas críticas tengan siempre presente aquella única sujeción a la ley que corresponde a los juzgados y tribunales'.

Llamada a la mesura

La declaración termina con una llamada 'a todos a la mesura y a la reflexión en el análisis y crítica de las actuaciones judiciales, incluso cuando éstas no gusten o resulten insatisfactorias' y un apoyo explícito al Supremo, cuyo auto sobre Otegi está en el origen de este asunto: 'Finalmente, el CGPJ quiere mostrar su reconocimiento al Tribunal Supremo en el ejercicio de su fundamental tarea jurisdiccional, que permita tanto el desarrollo y evolución de los adecuados criterios en la conformación de nuestra jurisprudencia, cuanto la más serena administración de Justicia'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002