Una carretera por la que pasan 3.000 camiones de basura al día
El complejo de Valdemingómez agrupa, además del antiguo vertedero cerrado el año pasado, el de Las Dehesas; una escombrera, la de Las Cumbres; la incineradora de Valdemingómez, y una depuradora. Para acceder a este recinto hay que tomar una carretera que sale del kilómetro 13 de la N-III (carretera de Valencia).
Esta carretera, además, discurre por la antigua senda de la Cañada Real, donde se asientan casi 2.000 construcciones ilegales. La Cañada es una zona protegida y, por tanto, no urbanizable. A pesar de esto, hay asentamientos que tienen hasta 20 años de antigüedad. Entre las edificaciones hay explotaciones ganaderas, viveros, chalés, bares, hoteles y una empresa de venta de piscinas.
A diario pasan por la carretera que atraviesa la Cañada Real más de 3.000 camiones llenos de desperdicios que descargan en la incineradora o en la escombrera de Valdemingómez. Los sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones que la carretera carece de iluminación y de aceras y que los habitantes de las casas de la Cañada Real que flanquean la vía la cruzan continuamente, con el peligro que eso conlleva.
Además, el asfaltado de la carretera es, según los sindicatos, muy deficiente, por lo que, en cuanto llueve, se llena de charcos. La acumulación de agua, junto a la arena que cae de los camiones de los escombros, forman barrizales inmensos.
El problema de circular por esta vía es que a ella salen continuamente camiones de los distintos recintos del vertedero, con lo que, en los cruces, las medidas de precaución tienen que ser extremas.
Emisión de metales
La carretera no es el único punto polémico con el que cuenta el complejo de Valdemingómez. En julio del año pasado, un informe encargado por la Fiscalía de Madrid tildó de 'alarmante' el nivel de emisión de metales pesados que registró la incineradora desde su puesta en marcha, en diciembre de 1995. La oposición exigió responsabilidades al Gobierno regional y al Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad encargó un nuevo informe.
Sanidad concluyó que la incineradora era inocua para la salud de las 87.800 personas que viven en sus cercanías. Pero al informe le faltaba una de las principales pruebas: el análisis de los tejidos orgánicos (sangre, orina...) de los vecinos para hallar posibles patologías oncológicas. El director general de Salud Pública, Francisco de Asís Babín, argumentó que, como todos los indicadores de emisión de contaminantes de la incineradora se encontraban por debajo de los niveles legales, hacer ese tipo de análisis hubiera sido 'un dispendio de fondos públicos'.
