Nacionalistas ante la ley
Hoy se votan las enmiendas a la totalidad del proyecto de reforma de la Ley de Partidos Políticos. Lo más llamativo de la votación será la actitud de los nacionalistas catalanes, que han anunciado su intención de votar tanto el proyecto avalado por PP y PSOE como la enmienda a la totalidad del mismo presentada por el PNV. Este último partido argumenta su rechazo por considerar que la ley ataca las ideas y prohíbe fines.
El argumento de CiU es que, por una parte, rechaza la ley porque, tal como está, no le gusta y, por otra, que no la rechaza definitivamente porque, si se introducen las ...
Hoy se votan las enmiendas a la totalidad del proyecto de reforma de la Ley de Partidos Políticos. Lo más llamativo de la votación será la actitud de los nacionalistas catalanes, que han anunciado su intención de votar tanto el proyecto avalado por PP y PSOE como la enmienda a la totalidad del mismo presentada por el PNV. Este último partido argumenta su rechazo por considerar que la ley ataca las ideas y prohíbe fines.
El argumento de CiU es que, por una parte, rechaza la ley porque, tal como está, no le gusta y, por otra, que no la rechaza definitivamente porque, si se introducen las enmiendas que ha pactado con los patrocinadores del proyecto, la encontrará correcta. Pero si prosperara la enmienda a la totalidad que respalda, la ley sería rechazada y CiU no tendría ocasión de defender enmienda parcial alguna. Luego ese respaldo es incoherente. Pero no gravísimo. Ojalá que el PNV se limitara a una contorsión de ese tipo. Pero no se limita. Lo que plantea es que estamos ante un 'franquismo con votos' (Arzalluz), que persigue criminalizar las ideas nacionalistas.
Sin embargo, de las dos posibilidades que plantea la existencia de partidos antisistema, esta ley sigue el camino contrario: no prohíbe, como la Constitución alemana, por ejemplo, a las formaciones contrarias a la propia Constitución, sino a las que la combaten mediante la violencia o apoyando la violencia.
Como vino a decir Pujol en el debate del Parlamento catalán, la cuestión es si se está o no a favor de que, por ejemplo, un partido financie a una organización terrorista. La ley delimita las causas de disolución de manera tasada, precisamente para evitar interpretaciones extensivas que pudieran aplicarse a formaciones contrarias a la Constitución, pero respetuosas con los mecanismos democráticos. Es cierto, de todas formas, que la redacción inicial era ambigua, y que no ha sido estéril el trabajo de depuración iniciado por el Consejo de Estado y el del Poder Judicial y proseguido luego por los firmantes del Pacto Antiterrorista; las enmiendas de CiU (y otras) aún pueden afinarla más.
Ayer mismo se conoció un escrito de ETA en el que arremete contra las formaciones desgajadas de Batasuna, inequívocamente independentistas, pero no violentas. ETA las descalifica como 'regionalistas', lo que equivale a reconocer que la identidad aberzale no depende ya, o no sólo, de las ideas independentistas, sino de la aceptación de la violencia. La ley, en manera alguna permitiría la ilegalización de esas formaciones, que serían tan legales como Esquerra Republicana de Catalunya, por ejemplo.