La Ley del Suelo supera su primer trámite parlamentario con el rechazo único del PP

La futura Ley del Suelo (Ordenación Urbanística de Andalucía) pasó ayer su primer trámite parlamentario con la única oposición del PP, que presentó una enmienda a la totalidad -rechazada por todos los grupos- al considerar que la normativa es 'intervencionista' y carece de seguridad jurídica. La ley llega a la Cámara autonómica con un retraso de cinco años, aunque con el visto bueno global de IU, PA y Grupo Mixto, por establecer como principio fundamental que el urbanismo es una función pública y la introducción de instrumentos de los ayuntamientos y la Junta para intervenir en el mercado.
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La futura Ley del Suelo (Ordenación Urbanística de Andalucía) pasó ayer su primer trámite parlamentario con la única oposición del PP, que presentó una enmienda a la totalidad -rechazada por todos los grupos- al considerar que la normativa es 'intervencionista' y carece de seguridad jurídica. La ley llega a la Cámara autonómica con un retraso de cinco años, aunque con el visto bueno global de IU, PA y Grupo Mixto, por establecer como principio fundamental que el urbanismo es una función pública y la introducción de instrumentos de los ayuntamientos y la Junta para intervenir en el mercado.

La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, explicó que los objetivos de la ley son reforzar el urbanismo como una función pública, propiciar el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la vivienda, por lo que se introducen instrumentos para intervenir en el mercado. La ley ha llegado al Parlamento tras cinco años de debate y elaboración de documentos, periodo en el que se ha gestionado con una ley puente -prevista para un año- con la que se salvaron las exigencias de una sentencia del Tribunal Constitucional que derogó en 1997 varios artículos de un decreto estatal por considerar que invadían competencias autonómicas.

La consejera resumió las principales novedades de la ley, que todos los grupos coincidieron en calificar como una de las más importantes de Andalucía, ampliamente explicadas desde que se presentó el anteproyecto hace justamente un año. En líneas generales, dijo Gutiérrez, el texto aclara las competencias municipales y autonómicas, e introduce la figura de los agentes privados 'urbanizador', 'edificador' y 'rehabilitador'. El primero podrá poner en el mercado suelo por la inactividad de sus propietarios, tras pedir a los ayuntamientos la convocatoria de concursos públicos. Si la oferta en concurso público está apoyada por más de la mitad de los propietarios de un solar, entonces la Administración estudiará preferentemente esta opción. Los agentes 'edificador' y 'rehabilitador' siguen unos mecanismos similares para solares y edificios urbanos.

Otras de las medidas más significativas son la creación de los patrimonios municipales de suelo a partir de la cesión, por parte de las empresas, del 10% del suelo urbanizado de las promociones. El patrimonio autonómico, por su parte, se nutrirá de cesiones municipales y de adquisiciones. Estos fondos de suelo permitirán a las administraciones disponer de terrenos para promociones de viviendas de protección pública y rehabilitación de zonas degradadas.

En el capítulo de disciplina e infracciones, se refuerzan las actuaciones de inspección de los ayuntamientos y de la Junta. Esta última podrá ordenar medidas cautelares (demolición, reconstrucción o reparcelación) si hay 'inactividad municipal' en el plazo de un mes ante infracciones muy graves. Hasta ahora, aunque el Gobierno andaluz tenía la última palabra en la ordenación urbanística, sólo le quedaba el largo camino de los tribunales.

El portavoz del PP, Jorge Ramos, explicó la presentación de una enmienda a la totalidad en el carácter 'intervencionista' del texto que, su juicio, ni ha sido acordado con los partidos ni cuenta con el visto bueno de los colegios profesionales. En este sentido, dijo que el Colegio de Abogados de Andalucía ha advertido de la inseguridad jurídica de la normativa, ya que colisiona con competencias del Estado y de los ayuntamientos. Para el PP, se trata de una ley 'impuesta' y 'regresiva', que significa la ruptura con la filosofía del Pacto Local e incide en el 'centralismo de la Junta'.

El resto de los grupos expresó su apoyo global a la futura Ley del Suelo y confiaron en lograr cambiar los aspectos de los que disienten en la tramitación del proyecto.