Los municipios perderán más de 40 demandas por la anulación de la Ley del Suelo vasca

La anulación de la Ley del Suelo vasca por el Tribunal Constitucional (TC) acarreará pérdidas millonarias a los ayuntamientos. Los tribunales vascos fallarán en su contra las 42 demandas presentadas por empresas constructoras y promotores urbanos contra la aplicación de la normativa vasca anulada, que establecía la cesión gratis a las administraciones locales del 10% del aprovechamiento urbanístico en suelo urbano consolidado. Fuentes judiciales aseguran que todos los casos afectan a las tres capitales vascas y a localidades de más de 30.000 habitantes.

El Tribunal Consticional anuló el pasado 27 de febrero el artículo único de la Ley 11/1998 del Parlamento vasco, que determina la participación municipal en las plusvalías generadas por la acción urbanística y establecía para los propietarios de suelo urbano consolidado el deber de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, tras dar la razón al Gobierno central, que entendía que la norma autonómica contradice lo dispuesto en la legislación estatal (el artículo 14 de la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones).

La legislación estatal en esta materia sólo contempla la cesión de las plusvalías cuando se trata de suelo no consolidado (de nueva urbanización), mientras que la vasca no hacía distinción entre éste y el no consolidado. Tras la sentencia del TC, los juzgados vascos con causas abiertas por este motivo 'fallarán a favor de los recurrentes', esto es, en contra de los ayuntamientos, según fuentes judiciales,.

En estos momentos, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal vasco tiene pendientes 25 expedientes referidos a promotores y propietarios que recurrieron la aplicación de la reserva municipal del 10% de las plusvalías obtenidas en el suelo urbano consolidado (solares o edificios rehabilitados para fines distintos a los que tenían originalmente). La mayoría de los casos corresponden a recursos de apelación procedentes de los juzgados de lo Contencioso que aplicaron la ley vasca y desestimaron las demandas de los promotores.

El tribunal tiene otros 17 casos pendientes referidos a procesos de expropiación forzosa de terrenos urbanos en los que el aprovechamiento urbanístico correspondiente al ayuntamiento está subsumido en la cuestión central que se recurrió, la propia expropiación o el justiprecio pagado por los solares. La parte referida al 10% de reserva de suelo para el ayuntamiento también se resolverá a favor de los recurrentes.

Pérdidas millonarias

Esta sentencia traerá consecuencias económicas de gran calado para los ayuntamientos, bien porque ahora tendrá que devolver las cantidades ingresadas que les reclaman los constructores en los juzgados, bien porque en adelante dejarán de cobrar la tasa del 10% en los suelos urbanos consolidados. Algunos juristas sostienen incluso que aquellos casos desestimados y no recurridos a una instancia superior podrían ser revisados si lo requieren los interesados.

Barakaldo es uno de los ayuntamientos afectados por la anulación de la Ley del Suelo vasca. Cinco empresas constructoras han reclamado la devolución del suelo cedido, aunque el concejal de Urbanismo, Diego Moyano, asegura que el reintegro de estas cantidades tendrá una repercusión 'nula' en las arcas municipales. 'El fallo del Constitucional en contra de la ley vasca estaba cantada. Por eso, nuestro ayuntamiento se limitó a pedir un aval por el importe de las plusvalías, en lugar de ingresar ese dinero'.

En cambio, el alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, cifra en 900.000 euros la cantidad que este consistorio deberá devolver a las empresas recurrentes. 'Las consecuencias económicas que ocasiona esta sentencia son muy graves, aunque nos mantenemos a la expectativa de las actuaciones que puede desarrollar el Gobierno vasco de cara a definir con más detalle el concepto de terreno consolidado', añade el regidor nacionalista.

El alcalde donostiarra, Odón Elorza, va más allá y calcula en seis millones de euros el perjuicio económico del fallo judicial. A su juicio, el Gobierno central 'está asfixiando económicamente los patrimonios municipales de suelo con una de las pocas materias que sigue siendo competencia del Estado, como son las leyes que regulan el reparto de las plusvalías' por aprovechamientos urbanísticos. Elorza califica esta actuación de 'una vergüenza política'.

El viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, José Javier Deán, considera que la sentencia del Constitucional 'va a reducir la capacidad de regulación del mercado del suelo que realizan los ayuntamientos' y 'limitará sus recursos'. Además, advierte Déan, provocará 'un alza del precio del suelo y, por consiguiente, de las viviendas'.