'La ley apuesta por la acción pública en el mercado del suelo'

El Parlamento andaluz debatirá al fin este mes el proyecto de Ley de Ordenación Urbanística. Gutiérrez defiende que su larga tramitación ha permitido un texto consensuado y presenta el aval de la federación de municipios y el CES.

Pregunta. Su antecesor, Francisco Vallejo, elaboró una ley-puente tras una sentencia del Constitucional que asignaba a las comunidades varias competencias urbanísticas. Vallejo dijo que iba a durar un año mientras se redactaba la definitiva. Han pasado cuatro.

'Es esencial incrementar la oferta de vivienda protegida para los colectivos sin recursos'

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Respuesta. La sentencia es de marzo de 1997 e inmediatamente después se hace esa ley-puente, de modo que no ha habido ningún vacío legal. Algunos grupos intentaron fijar en el Parlamento un límite temporal, pero lo cierto, y me remito a las actas, es que no se estableció ningún límite de vigencia de la ley-puente ni, por tanto, tampoco para fraguar la norma que iba a sustituirla.

P. ¿Con esta nueva ley habría habido menos dislates urbanísticos en estos años?

R. En la nueva ley se hace una apuesta fuerte por el planeamiento urbanístico como fórmula de concitar desde el Ayuntamiento el modelo de ciudad que se quiere, con una fuerte participación de la sociedad. Y también se define el control de legalidad que ejerce la Junta en la aprobación definitiva del planeamiento. Pero en estos últimos años ya ha habido un fortalecimiento de la planificación urbanística a partir de la ley-puente. Ahora el 98% de los andaluces viven en municipios que tienen un plan urbanístico. El problema puede estar en que en un momento de expansión económica, la ejecución se ha acelerado. Pero sólo en muy determinados casos ha habido transgresión de la normativa.

P. ¿Qué mecanismos incluye la ley para detectar irregularidades urbanísticas?

R. La ley aclara el reparto competencial. La primera responsabilidad en estos casos es del Ayuntamiento. En la fase de ejecución del planeamiento, la Junta centra su función de control sobre obras sin licencia en los aspectos más esenciales: parcelaciones ilegales, actuaciones fuera del planeamientos, obras que afecten a zonas verdes o equipamiento público... Y optando por la restitución del bien alterado antes que por la multa.

P. Pero si las viviendas se construyen en zonas verdes con licencia del Ayuntamiento, como ocurre en Marbella, ¿la ley permite actuar a la Junta?

R. El problema es que si ese Ayuntamiento ha utilizado la normativa torticeramente, la solución ya no está en la normativa. En el caso de Marbella, el Ayuntamiento se ha situado fuera del contexto legal. Y la única vía en un sistema democrático para solucionar eso está en los tribunales. Sobre la legalidad de ese tipo de actuaciones, deben pronunciarse los jueces. Pero hay también un nuevo Ayuntamiento que si quiere demostrar su voluntad democrática debe ajustarse a partir de ahora a la legalidad urbanística vigente.

P. Todo apunta a que la presión urbanística en el litoral va a crecer aún más en los próximos años.

R. La ley establece que los Ayuntamientos costeros incluya un modelo específico de protección de su litoral. En las clasificaciones de suelo, se incluye la posibilidad de declarar un terreno no urbanizable por especial protección del litoral. Y luego hay aspectos específicos como evitar el efecto pantalla en las edificaciones costeras y, sobre todo, la reserva exclusiva de los cien primeros metros del litoral a usos públicos.

P. El principal reproche del PP a la ley es que supondrá un recorte de la autonomía municipal.

R. La ley aumenta sustancialmente las competencias municipales en la definición del planeamiento e incluso las refuerza a la hora de clasificar suelos. El municipio puede decir ahora qué parte de su territorio es suelo urbano, qué parte es suelo urbanizable y qué parte es no urbanizable. Los Ayuntamientos podrán ampararse en razones de sostenibilidad o racionalidad para considerar improcedente la transformación de un suelo en urbanizable y mantenerlo no urbanizable. Es decir, tendrá total potestad para definir el modelo de ciudad y también para aprobar modificaciones del plan que no se consideren sustanciales. La Junta, en su función de control de legalidad, se reserva la aprobación definitiva del plan y de los cambios que afecten a elementos estructurales.

P. La ley establece que los promotores cedan el 10% del suelo urbanizado a los Ayuntamientos, un porcentaje que los empresarios y el PP creen excesivo.

R. La opción escogida es el máximo que fija la legislación del Estado. Con ese 10%, que va directamente a patrimonio público de suelo, se permite a los Ayuntamientos hacer una actuación directa en el precio de la vivienda, al posibilitar una política de intervención pública en el mercado de suelo, que es una apuesta de la ley. Y además se opta por hacer de esta cuestión reserva de ley. Fíjese: el PP dice que defiende la autonomía municipal, pero pide que este tema se regule por decreto, lo que da una competencia a la Junta que yo entiendo que corresponde al Parlamento. También se nos ha criticado por el establecimiento de un canon por actuación en suelo no urbanizable. Y lo que hace la Junta es poner a disposición del Ayuntamiento la posibilidad de fijar ese tipo de canon hasta un tope del 10%. Es el Ayuntamiento el que tendrá la posibilidad de poner ese canon y decidir su cuantía.

P. El proyecto de ley decía que la Junta podría elaborar normas directoras para guiar a los Ayuntamientos. Ante las críticas, las rebajó a recomendaciones, ¿las mantendrá hasta el final?

R. Hubo Ayuntamientos pequeños que pidieron unas directrices generales de la Junta para hacer a partir de ahí su planeamiento. Pero en todo caso, no son en absoluto un elemento básico de la ley, tienen una finalidad de cooperación y ayuda a los Ayuntamientos. Es el Parlamento el que debe decidir ahora si tienen que existir.

P. La ley también prevé la creación de un patrimonio autonómico de suelo, ¿cómo se creará?

R. En el caso del autonómico habrá tres fuentes fundamentales: la adquisición en el mercado, los convenios de cesión con Ayuntamientos y los incentivos a la compra de suelo para el patrimonio. La expropiación o los derechos de tanteo y retracto son otros mecanismos, pero no serán prioritarios.

P. Una de las principales novedades es la definición de agentes urbanizadores, edificadores o rehabilitadores, ¿cuál será su labor?

R. En los casos en los que haya suelo urbanizable que no se pongan a disposición del mercado, en viviendas desocupadas y en mal estado o en el de solares edificables y sin actividad, estos intermediarios podrán actuar si no lo hacen los propietarios para pedir al Ayuntamiento que saque a concurso público la urbanización, la rehabilitación o la edificación.

P. El ministro de Fomento mantiene que la subida del precio de la vivienda se debe al crecimiento económico, ¿está de acuerdo?

R. Cuando hablamos del precio, no tenemos en cuenta que muchas veces la compra de una casa no está relacionada con la necesidad de ocuparla. En los centros de las ciudades, el número de viviendas desocupadas está por encima del 30%, una cosa tremenda. En España, la vivienda se ha convertido en una forma de inversión, no se ajusta a las necesidades. Por un lado hay un gasto muy fuerte en segundas residencias y por otro lado hay muchos colectivos que no tienen recursos suficientes para la primera residencia. Es esencial que se incremente la oferta de vivienda protegida para esos colectivos. Y con una oferta significativa de vivienda protegida, se reduce el precio en el mercado libre.

P. Pero cada vez se construye menos vivienda protegida.

R. En 2000 hubo un parón en la oferta de vivienda protegida porque el Gobierno no adaptó los módulos [el valor máximo del metro cuadrado] a la realidad y a los constructores no les salía rentable. En 2001 ya se adaptaron y creceremos, aunque el Gobierno ha recortado la financiación del Plan Nacional de Vivienda. Si antes Andalucía contaba con unos 120.000 millones de pesetas, ahora nos han fijado una cuota de poco más de 60.000 millones, aunque la buena ejecución de proyectos, nos han permitido recoger dinero no gastado en otras comunidades. Ya hemos adaptado los módulos a la realidad, en función del tamaño de municipio y del precio medio de los inmuebles. Y al tiempo, elevamos las subvenciones a determinados colectivos para que puedan hacer frente a ese mayor precio. En Andalucía, del 1,1 millones de viviendas de primera residencia que se ha construido desde 1984, un 40% ha tenido algún tipo de protección pública. Y eso se nota en el precio. Desde 1997, la subida media nacional ha sido del 46%, y aquí ha sido del 30%.