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La Fiscalía pidió ayer siete y cinco años de cárcel respectivamente para dos ginecólogos por un aborto practicado en 1999 a una joven que entonces tenía 16 años. El juicio quedó visto para sentencia después de que la joven, que declaró como testigo, desgranara ante el tribunal malos tratos de su pareja, ingresos en centros de la Junta y falta de apoyo familiar.
El reparto de las ayudas de la Generalitat para crear centros que fomenten el teletrabajo, 750.000 euros (124,24 millones de pesetas) en 2001, suscita controversia.
El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, pidió ayer disculpas a la familia de la diputada fallecida Pilar García Peña por haber asegurado que el Ayuntamiento tenía pendiente de pago la factura de su incineración. No era cierto.
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