La sentencia abre la vía a nuevas reclamaciones
La diputada Margarita Uria, del PNV, interpretó ayer que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la reclamación de la familia de Normi Menchaca abre la puerta a que el Ministerio del Interior apruebe la indemnización a familias de otras víctimas. Entre esos casos, Uria recuerda el de las cinco víctimas mortales, obreros todos ellos, tras una manifestación celebrada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
Otro caso que podría ser revisado a raíz de esta sentencia de la Audiencia Nacional es el de las dos víctimas de la violencia de ultraderecha en la concentración de Montejurra de mayo de 1976. 'Estos casos', vaticina Uria, 'se aprobarán en la misma dirección'. La diputada del PNV estima que debería aprobarse una proposición de ley para revisar otros casos ya sentenciados en contra de los solicitantes de indemnización o incluso no presentados. Estos casos corresponden a muertos al final de la dictadura y al comienzo de la transición que todavía no han sido tenidos en cuenta por la Ley de Víctimas del Terrorismo que es aplicable desde 1968.
Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, señaló ayer tras conocer la sentencia: 'Nos gustaría que este caso sirviera para que por fin la Ley de Víctimas se aplique con el mismo espíritu con el que recibió el respaldo unánime de todos los partidos. Es decir, que se utilice sin mirar de qué parte o en qué momento histórico cayeron las víctimas. Que nuestro reconocimiento sea para todas'.
Hace unos meses, Interior aprobó una indemnización a favor de la familia de Josu Muguruza, diputado de HB que murió asesinado por ultraderechistas en Madrid en noviembre de 1989, por 23 millones de pesetas. Interior había denegado la indemnización en un principio con el argumento de que la Audiencia Nacional sentenció que el diputado de HB no fue asesinado por una banda armada, requisito que según la Comisión de Evaluación era imprescindible para beneficiarse de la Ley. La familia de Muguruza recurrió la decisión y el ministerio pidió asesoramiento al Consejo de Estado, que apoyo la concesión de la indemnización de 23 millones de pesetas a dicha familia.
