Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Situación inhumana

Las autoridades de inmigración, y muy especialmente la Delegación del Gobierno para la Extranjería, están dando muestras de una insensibilidad rayana en lo inhumano ante la situación de los inmigrantes sin papeles que se amontonan, a la espera de una decisión sobre su futuro, en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, convertida provisionalmente en un centro de retención. Esa situación, a la que el senador socialista por Canarias Jerónimo Saavedra acaba de calificar de 'macabra', puede agravarse todavía más con la llegada la semana pasada a las playas canarias de una nueva oleada de pateras.

¿Qué está sucediendo en ese centro provisional de retención de inmigrantes para que varias organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, el Defensor del Pueblo y distintos responsables políticos muestren su alarma y preocupación? Fundamentalmente, dos cosas: una, que las condiciones higiénico-sanitarias del centro son deplorables; otra, que la asistencia jurídica prestada a los inmigrantes deja mucho que desear. Estaríamos no sólo ante un incumplimiento de lo previsto en la Ley de Extranjería para esos supuestos, sino ante una vulneración de las más elementales exigencias de orden humanitario.

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha pretendido salir al paso, al término del último Consejo de Ministros, de las crecientes críticas a las antiguas instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura. Ha admitido que son manifiestamente insuficientes, pero juzga que el trato dado a los inmigrantes es 'idóneo'. La cuestión es que informes recientes y de origen distinto, entre ellos el de la adjunta primera al Defensor del Pueblo, están lejos de coincidir con la opinión del titular de Interior. El centro de retención de Fuerteventura aloja a varios centenares de inmigrantes, hacinados en unos locales con ventilación insuficiente y que no cuenta con los servicios e instalaciones, sanitarias entre otras, para atender a tantas personas en condiciones mínimamente dignas. La asistencia médico-sanitaria corre a cargo de un solo médico, que visita cada 15 o 20 días. Algo similar sucede con la asistencia jurídica, con frecuencia colectiva en vez de individualizada, y sin intérpretes. ¿Dónde está la idoneidad del trato que reciben estas personas?

Es posible que muy pronto, como ha señalado Rajoy, estos inmigrantes sin papeles puedan ser trasladados a algunos de los seis centros de retención o acogida cuya inauguración está prevista en Canarias. Pero mientras tanto tienen derecho a que se les trate como seres humanos y a que sus expedientes de repatriación o expulsión se tramiten como dice la Ley de Extranjería. Una inmigración legal y ordenada, como la que quiere el Gobierno, debe empezar por una asistencia jurídica adecuada en unos centros de acogida dotados de los servicios que señala la ley. Es inexplicable que las autoridades de inmigración, incapaces de prestar una atención médico-sanitaria aceptable a la creciente bolsa de inmigración irregular en Canarias, mantengan al margen al Servicio de Salud de esa comunidad y no hayan pedido su colaboración en esa tarea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 2002