¿Una ley para Internet?

El pasado 22 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación el Proyecto de Ley sobre los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Bajo este nombre se contiene por primera vez en nuestro país una regulación, con rango de ley, de la herramienta más significativa de la incipiente revolución digital: Internet. Lo cierto es que, aunque los borradores iniciales fueron sometidos a la opinión de numerosas organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas, el proyecto no parece que haya logrado recabar los apoyos previstos por el ministerio capitaneado por Anna Birulés. El rechazo más significativo -como es lógico- ha venido de manos del grupo socialista a través de su portavoz en materia de ciencia y tecnología, Alfredo Pérez-Rubalcaba, quien se ha manifestado en contra de un texto al que se califica de intervensionista y ambiguo, contrario a la libertad de expresión. Ha pedido su retirada.

¿Una ley para Internet? Sí, pero no cualquier ley. Internet es un medio que por sus características técnicas se ha mostrado bastante impermeable frente a los intentos de control, lo que, unido a su vertiginosa expansión a lo largo de todo el mundo, ha traído consigo que el ciberespacio no entienda de fronteras, ni de censuras. Internet, al menos hoy por hoy, se nos aparece como el país del nunca jamás, en el que es posible huir de las estructuras convencionales, en el que todo o casi todo es posible. Capaz de lo mejor, la Red es también, desgraciadamente, un soporte para numerosos y graves delitos: estafas, pornografía infantil, comercio ilícito, abusos para con los consumidores. Es ante estos casos cuando se hace indispensable la intervención del derecho que erradique o derogue la vigencia de la ley más antigua que conoce el hombre: la del más fuerte, que permita la afirmación del principio de seguridad jurídica en el ciberespacio o, dicho de otra forma, llevar el imperio de la ley, el Estado de derecho, a la sociedad virtual en construcción.

Muchas de las críticas hacia el proyecto han aludido a la existencia de un énfasis coercitivo, hablándose, incluso, de restricciones impuestas a la libertad de expresión. La libre expresión en Internet no se encuentra amenazada en el texto. La Constitución y su desarrollo por parte del Tribunal Constitucional han delimitado suficientemente el alcance de dicha libertad y su preponderancia, ante la cual la futura LSSI no tiene nada que decir. Tampoco se afectan otros derechos fundamentales. Sin embargo, sí existen otros aspectos -de menor calado- que deberían ser mejorados; como es el caso de la imprecisión terminológica en algunos aspectos o la solución, ciertamente imprecisa, dada a la perfección de contratos electrónicos.

En pocos meses España tendrá una Ley de Internet. Sin embargo, el verdadero reto está en conseguir que los ciudadanos y las empresas españoles incorporen la Red a su vida de forma definitiva. El actual proyecto de ley hay que mejorarlo: para eso está ahora en el Parlamento. Llegar y no pasarse, como en el juego de las siete y media, es la tarea que hoy tiene el legislador en sus manos: impulsar el desarrollo de la Red a través de la confianza y la seguridad, sin sobrerregular un mundo que nació libre y que aspira a ser la mayor zona de encuentro e intercambio de la que nunca haya dispuesto la humanidad.

Javier Cremades es abogado y autor de El paraíso digital (Plaza y Janés, 2001)