El fiscal pide imputar al ministro Matas por supuesta captación ilegal de votos

El Tribunal Superior deberá resolver si se inhibe en el caso y lo traslada al Supremo

Palma de Mallorca / Madrid - 25 feb 2002 - 23:00 UTC

El fiscal jefe de Baleares, Antonio de Vicente Tutor, solicitó ayer a Antonio Monserrat, el juez que instruye el caso Formentera -la supuesta captación con dinero público de votos a favor del PP de emigrantes residentes en Argentina-, que se inhiba en favor del Supremo para que este tribunal cite como imputado al ministro de Medio Ambiente y ex presidente balear, Jaume Matas. Los hechos investigados se remontan a 1999, cuando Matas presidía Baleares y, supuestamente, financió con fondos públicos la captación de votos a favor del PP.

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Es la primera vez que una causa judicial en la que puede estar implicado un ministro del PP llega tan lejos. En el caso Ercros, el fiscal Bartolomé Vargas no logró la autorización del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para solicitar que se citase como imputado al ministro de Exteriores, Josep Piqué, por supuestos delitos de fraude fiscal, apropiación indebida y falsedad en documento durante su etapa como directivo de Ercros.

En el caso Formentera, el fiscal general dio la semana pasada vía libre al fiscal jefe de Baleares para actuar. El trámite que ha formalizado ahora el fiscal balear persigue que pueda declarar como imputado el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y la diputada nacional y portavoz adjunta del PP, Rosa Estarás, que era consejera de Presidencia en el Gobierno balear, por su implicación en la presunta captación ilegal de votos emigrantes para el PP con fondos públicos. De los 74 votos que llegaron de residentes en Santa Fe y Rosario (Argentina) a Formentera, 72 fueron para una agrupación independiente vinculada al PP.

Matas replicó ayer que veía 'imposible' que sea investigado en el Supremo y negó que haya dicho que dimitirá como ministro si es finalmente imputado. El fiscal De Vicente Tutor, subrayó ayer que pretende 'la igualdad de toda persona ante la ley'. Mientras, la Unión Progresista de Fiscales culpó a Cardenal 'de obstaculizar y dilatar la acción de los fiscales (...) en una clara violación de sus obligaciones constitucionales'.

La causa judicial se centra en tres supuestos delitos: fraude electoral, malversación de caudales y falsedad documental, por unos hechos vinculados a la operación de censar emigrantes españoles en Argentina e incentivar su voto por correo en las elecciones autonómicas en Baleares.

Los votantes argentinos han explicado, a través de comisiones rogatorias, que no fueron manipulados por los emisarios o agentes del Gobierno del PP. En las declaraciones que algunos de los votantes hicieron a los medios de comunicación en junio de 1999, expresaron su desorientación sobre dónde estaba realmente Formentera y el por qué de su alistamiento allí.

La fiscalía de Baleares y los dos jueces instructores que han intervenido en Palma e Ibiza han visto la necesidad de investigar, además del posible fraude electoral, los indicios de falsedad documental en el contrato de una colaboradora de Matas, Mapau Segura, y la presunta malversación de fondos públicos en su desvío a operaciones partidistas

De Vicente Tutor indica ahora que su acción ha sido 'consultada' con Cardenal. El fiscal jefe de Baleares se defiende de las críticas externas -lanzadas desde el PP balear- y afirma que 'acusa o defiende según su conciencia legal y no pretende en este asunto, como en todos, sino lograr la igualdad de toda persona ante la ley (...) nunca con motivos extralegales'.

El ministro de Medio Ambiente considera que la causa que le atañe se archivará, de la misma manera que ha decretado el juez de Palma que instruyó el sumario sobre el supuesto espionaje electrónico al PSOE, el caso Bitel, por pinchazo del correo electrónico que se derivaba a la secretaría de Matas en la Presidencia de Baleares, entre 1998 y 1999.

Matas atacó ayer especialmente a su adversario político en Baleares, el presidente autonómico Francesc Antich, del PSOE, acusándole de 'financiar con dinero público un montaje para calumniar y difamar al PP' y a él mismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 25 de febrero de 2002.

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