La policía de Madrid impone la 'ley seca' contra el botellón

La Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía impusieron ayer la ley seca en las calles del barrio de Malasaña. Los policías registraron los bolsos y las mochilas de todos los que accedían a la plaza del Dos de Mayo -donde suelen reunirse miles de jóvenes para practicar el botellón- para impedir que introdujeran bebidas alcohólicas. Esta medida forma parte de la 'operación preventiva' emprendida por el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui. Los vecinos de la zona reclaman insistentemente medidas contra el ruido y la suciedad que causa este fenómeno. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, afirma que hay que tomar medidas porque los vecinos 'tienen razón'.

El alcalde eludió concretar ayer qué tipo de medidas serían las más adecuadas para frenar un fenómeno que reúne más de 300.000 jóvenes los fines de semana en plazas como las del Dos de Mayo, Chamberí, París y Moncloa. 'Basta con que toda la sociedad esté dispuesta a no consentir el problema. El botellón es un tema de la sociedad en su conjunto', afirmó el regidor. Los vecinos han reclamado especialmente que actúen las brigadas de limpieza y más presencia policial para que los jóvenes no invadan los portales ni orinen en ellos.

En respuesta a esas demandas, el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, puso anoche en marcha un 'dispositivo especial'. Los policías se desplegaron por las calles del barrio de Maravillas y controlaron los acesos a la plaza del Dos de Mayo. El objetivo de ese plan, según la Delegación de Gobierno, es 'evitar agresiones, controlar la tenencia ilícita de armas blancas e inspeccionar aquellos locales que venden bebidas alcohólicas a menores'. Los agentes incrementaron los controles de alcoholemia entre los conductores.

'Se trata de una operación preventiva para demostrar a los jóvenes y a los vecinos que somos conscientes de sus preocupaciones y que nos sentimos obligados a garantizar la tranquilidad y el descanso de los vecinos', explicó anoche Ansuátegui. Éste, no obstante, reconoció que actualmente 'no hay un marco legal' para actuar adecuadamente contra la práctica del botellón. Ansuátegui se mostró dispuesto a apoyar las iniciativas que adopte el Ayuntamiento de Madrid.

Las medidas de Ansuátegui llegan un día después de que el PP rechazara en el pleno municipal, como pidió la oposición, incluir el problema del botellón en el Plan contra el Ruido diseñado para el distrito Centro.

Cerrar filas

Frente a ese rechazo, Mercedes de la Merced declaró a Efe que los problemas que plantea este fenómeno social tienen que ser 'resueltos de una forma institucional entre todas las administraciones y todos los partidos políticos, como si fuera un pacto de Estado'.

De la Merced pidió a la oposición: 'Cuando haya que tomar medidas, que sin duda son impopulares, todos a una cerremos filas'. La primera teniente de alcalde confesó su temor a que 'las medidas que se tomen pueden ser utilizadas demagógicamente para atacar a una persona'.

De la Merced concretó que no cree que el problema se resuelva con 'políticas represivas'. 'Hay que buscar una solución que beneficie a todos y pasa por educar a los jóvenes para que sepan divertirse de otra forma, con otras actividades, y habilitar espacios para que puedan disfrutar sin tener que estar en la calle o en la vía pública consumiendo alcohol'.

'La obligación de un político es hacer cumplir la ley, y si está mal hecha hay que cambiarla', afirmó la edil, que propuso 'mantener controles rigurosos de las tiendas y establecimientos que venden alcohol a menores'.

La batalla contra este fenómeno ya viene de lejos. El Ayuntamiento prohibió el consumo en la calle 'de cualquier clase de bebida que contenga alcohol' en la Ordenanza de Policía Urbana y Gobierno de la Villa de Madrid, promulgada en 1989, siendo alcalde el socialista Juan Barranco. La ordenanza sancionaba con multas de hasta 25.000 pesetas el consumo de alcohol, pero ese punto quedó derogado en mayo de 1995 tras fallar el Tribunal Superior de Justicia.

Este tribunal consideró que la ordenanza vulneraba el artículo 25 de la Constitución, que establece que nadie puede ser sancionado 'por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa'. Todas las normas municipales tienen que estar respaldadas por una ley sancionadora concreta, según el catedrático de Derecho Administrativo de la Autónoma, Santiago Munoz Machado. La sentencia se produjo tras la demanda presentada por un estudiante de Derecho de la Autónoma multado con 10.000 pesetas.

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la semana pasada que elaborará de urgencia una ley para frenar el botellón. Los que incumplan la prohibición de beber alcohol en la calle serán castigados con tareas que supongan un beneficio social (por ejemplo, barrer las zonas ensuciadas por el botellón).