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Columna
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El Leviatán privado

Fernando Vallespín

Los hechos del pasado día 27, en el que un inmigrante ecuatoriano fue brutalmente agredido y arrojado al mar por dos vigilantes de seguridad y el portero de un pub en Barcelona, han llamado la atención sobre uno de los grandes problemas del futuro: el creciente descontrol de los servicios de seguridad privada. Hemos tomado conciencia de repente de cómo junto a los diferentes cuerpos de seguridad pública va proliferando un curioso ejército de profesionales privados con plena capacidad para gestionar la violencia. El otrora sagrado 'monopolio de la violencia legítima' (M. Weber) que desde siempre se asocia al Estado se va delegando y subrogando crecientemente en una intrincada maraña de empresas de seguridad, que constituye ya una floreciente industria. Esto en principio no tiene por qué ser motivo de escándalo o asombro siempre que se haga dentro de ciertos límites y bajo una estricta tutela pública. Forma parte, además, de la actual redefinición -y difuminación- de las fronteras entre lo público y lo privado, que es uno de los rasgos más característicos de la política actual. Pero por eso, precisamente, exige un minucioso debate.

Las cifras sobre el aumento de la nueva 'industria' de la seguridad privada son sorprendentes. Según datos que aporta Martin van Creveld (The Rise and Decline of the State, Cambridge Univ. Press, 1999), en Alemania el número de empresas privadas de seguridad se duplicó entre los años 1984 a 1996 (de 620 a 1.400). En Gran Bretaña, que no es un país especialmente violento, los empleados de este mismo sector pasaron de los 10.000 que había en 1950 a los 250.000 en 1976, y esa misma pauta de crecimiento sigue constante. Ya sobrepasa con creces al número de tropas británicas en activo (237.000 en 1995). En los EEUU, el conjunto de los trabajadores en la seguridad privada duplicaba ya desde 1972 al de por sí alto número de todas las fuerzas de Policía estatales, federales y locales del país. Hoy, las más de un 1.600.000 personas empleadas en este sector superan a los miembros del Ejército en activo. Y quizá no esté demasiado lejano el día en el que los ciudadanos estadounidenses acaben por gastar más en seguridad privada que en el mantenimiento de sus Fuerzas Armadas. Desconozco cuáles son las cifras exactas referentes a nuestro país, pero seguramente vayan en la misma línea.

¿Cuál es la implicación directa de este fenómeno privatizador? La respuesta salta a la vista: la seguridad, el bien público por antonomasia, a decir de Hobbes, se hace depender de una mayor o menor capacidad económica; no es provisto en régimen de igualdad a todos los ciudadanos. Con el añadido de que encima no parece aumentar la eficacia. No deja de ser curioso que esta situación ocurra en uno de los momentos en los que la sensibilidad de la ciudadanía hacia las cuestiones de seguridad va creciendo también exponencialmente. Y no sólo como efecto del 11 de septiembre, sino por el imparable aumento de la delincuencia. La inseguridad se ha convertido ya, de hecho, en uno de los dos temas centrales de las próximas elecciones presidenciales francesas y seguramente lo será también en las grandes ciudades españolas cuando lleguen las elecciones municipales.

No es mal momento, pues, para recuperar la iniciativa pública en la organización de los servicios de seguridad e intentar evitar una deriva hacia un 'Leviatán privado' como el que existe, por ejemplo, en los países del este de Europa. Pero también para proceder a una serena pedagogía respecto de las auténticas amenazas para la seguridad y sus causas. Recordemos que no es casualidad que fuera inmigrante el afectado por la violencia gratuita de Barcelona. Inmigrantes eran también los ferozmente desalojados en Almería, esta vez por parte de Cuerpos de seguridad pública. No hay, sin embargo, una supuesta conexión entre el aumento de la inmigración y el incremento de la inseguridad. La ansiedad que ésta nos provoca no puede ser saciada repercutiéndola sobre los más débiles ni haciendo dejación de un deber de control ciudadano sobre quienes ejercen la violencia en su nombre.

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Sobre la firma

Fernando Vallespín
Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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