El gran cacerolazo contra los jueces

'Tengo 93 años y he ejercido el derecho durante 60. Jamás había visto una Corte Suprema de Justicia tan dependiente del Gobierno como la actual'. La frase es de Segundo Linares Quintana, profesor emérito de las universidades de Buenos Aires y La Plata, dos canteras que han arrojado prestigiosos juristas argentinos y latinoamericanos durante el siglo XX. 'Temo que la actuación de algunos de los miembros de la Corte desprestigie la institución en estos tiempos de descontento contra todo', se lamenta Linares Quintana.

Los argentinos no creen desde hace tiempo en su sistema judicial, pero la pérdida definitiva de confianza en la Corte Suprema, la última instancia donde una persona puede ampararse frente a una violación de sus derechos constitucionales, ha llevado a la población a dirigir un cacerolazo contra el tribunal. A pesar de que la Corte ha ido acumulando descrédito desde hace 10 años, la decisión del Gobierno de dejar en manos de la Corte la legalidad del corralito financiero (inmovilización casi total de los depósitos bancarios) fue la gota que desbordó el vaso.

Los argentinos saben que a veces sólo con la protesta han logrado que se haga justicia

Ante la gran sensación de inseguridad jurídica, los argentinos salieron a las calles para demandar la renuncia de los ministros de la Corte. La forma legal de excluir a los miembros del máximo tribunal es a través de un juicio político. Hay muchos pedidos, pero ninguno iniciado. Por ello, los argentinos deciden utilizar la protesta masiva. La movilización colectiva funcionó para el esclarecimiento de dos casos muy sonados: el caso María Soledad y el del soldado Carrasco.

El 10 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, de 17 años, fue hallada muerta (había sido violada y torturada) al borde de una carretera en la norteña provincia de Catamarca. Ante la sospechosa pasividad de los tribunales, las amigas de María Soledad inauguraron una forma inédita para reclamar justicia: las marchas en silencio, que llegaron a reunir hasta 10.000 personas. La gente se movilizaba cada jueves. La presión popular forzó al ex presidente Menem a intervenir la provincia gobernada por el también peronista y aliado Ramón Saadi. La familia Saadi ocupaba entonces 17 cargos en los tres poderes provinciales. La sentencia del caso llegó siete años después, y el principal acusado, condenado a 21 años de prisión, fue Guillermo Luque, hijo del ex diputado peronista Ángel Luque. Los ex diputados Luis Saadi y Carlos Rosales Saadi (hermano y primo del ex gobernador) fueron procesados por falso testimonio. La investigación de las denuncias de encubrimiento y obstrucción de la justicia no comenzaron hasta 2000.

El soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel de Zapala (Neuquén) en marzo de 1994. La reacción popular logró la condena de un oficial y dos soldados, y forzó la salida de varios altos cargos del Ejército en un caso en el que se detectaron procedimientos ilegales. El escándalo obligó a Menem a poner fin a 93 años de servicio militar obligatorio en Argentina.

Los argentinos, a través de estos casos, aprendieron a que, sin protesta, no conseguían justicia. El cacerolazo contra la Corte responde a estas experiencias. Sobre las espaldas de la Corte Suprema de los últimos 12 años (10 años de Menem y dos con De la Rúa) pesan tres casos de gran impopularidad: el de Aerolíneas Argentinas, el del plan bonex y el del tráfico ilegal de armas que involucró a Menem.

La política de privatizaciones que emprendió el presidente Menem tuvo sus opositores. En la venta de Aerolíneas Argentinas éstos interpusieron un recurso contra la operación que un juez de primera instancia dio como válido y suspendió la venta. La Corte utilizó entonces un recurso de extrema excepción llamado per saltum, para sortear todas las instancias judiciales y dar luz verde a la venta de la línea aérea de bandera a Iberia. Una década después, la aerolínea entró en suspensión de pagos y el desplome de la compañía hizo girar todas las miradas de los argentinos hacia la Corte, a la que acusaron de haber amparado una mala y fraudulenta operación.

Respecto al plan bonex (caso Peralta de diciembre de 1990), la Corte admitió la validez de los decretos de necesidad y urgencia para que el Estado se apropiara de los depósitos y los canjease por bonos de deuda pública a largo plazo. Aquello se consideró una confiscación de los ahorros de la gente y fue el caso que inmediatamente asaltó la mente de los argentinos cuando se estableció el corralito financiero. El ministro de Economía que anunció el plan bonex fue Antonio Erman González y el ideólogo, según ex funcionarios del ministerio, Domingo Cavallo, que poco después reemplazó a González y que más tarde sería por segunda vez ministro de Economía con De la Rúa y creador del corralito.

González, que también fue ministro de Defensa, fue uno de los procesados por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, junto a Emir Yoma, ex cuñado de Menem, y el propio ex presidente. La Corte liberó a los tres en noviembre del año pasado. 'En el caso de la venta ilegal de armas se busca la figura de la asociación ilícita, un delito que permite encarcelar a los procesados de forma inmediata y hasta que termine el juicio', explica el abogado y catedrático constitucionalista Iván Cullen. 'Lo que la Corte dice es que ésta no era la figura que correspondía aplicar y que los jueces no deben buscar una figura que conduzca a prisión al acusado, sino a la inversa, analizar la conducta, definir el delito y penalizar. Esto es lo correcto, pero el Gobierno de De la Rúa prefirió sacar un rédito político y mediático instantáneo que hacer justicia', concluye Cullen.

A pesar de que Cullen dice esto, no deja de reconocer que dos miembros de los nueve de la Corte, Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, son amigos de Menem. El primero fue socio del bufete del hermano del ex presidente, Eduardo Menem, y el segundo reconoció que estaba en la Corte gracias a Menem. Cullen y el también catedrático Carlos Colautti reconocen que ambos jueces 'debieron excusarse en el caso'. Pero no lo hicieron, por lo que aún cuando la Corte pudo haber actuado bien, nunca quedó libre de las peores sospechas. 'Para la opinión pública, ni la Corte como institución fundamental del Estado de derecho ni sus miembros, desde los menemistas hasta los afines al Partido Radical como Bossert o Petracchi, gozan de prestigio', dice Cullen.

'Ni Nazareno ni Vázquez tienen los antecedentes necesarios para integrar el máximo tribunal, están ahí por ser menemistas', dice Colautti. 'El problema es que nunca un miembro de la Corte ha renunciado por falta de credibilidad, sino más bien para unirse al Gobierno de turno, como Barra', añade. Rodolfo Barra dejó la Corte en 1993 para ser ministro de Justicia. Poco después renunció porque la prensa descubrió que de joven había simpatizado con el nazismo. En ese momento, se investigaban los atentados contra la Embajada de Israel y la Mutua judía en Buenos Aires. Recientemente, Barra y su esposa fueron abucheados por la gente en un centro comercial.

Ni Cullen ni Colautti creen que la Corte pueda legitimar el corralito en todos los casos que se presente contra éste. 'La Corte estudiará caso por caso y espero que en algunos dé la razón a la gente y no al Gobierno, porque si no, la gente se le echará encima otra vez', dice Colautti. 'La justicia no sólo debe ser, sino también parecer. Ya es hora de que en Argentina respetemos la ley', concluye Cullen. La Corte ha dado pistas de que no legitimará el corralito, pero los juristas no saben si porque es inconstitucional o por oponerse a Duhalde, enfrentado abiertamente a Menem.