Lógicas enfrentadas

DESDE QUE ALGUIEN susurró al oído de una anterior ministra de Educación que para ser profesor titular de universidad bastaba y sobraba con saberse una lección del programa, la gran preocupación de nuestros legisladores populares ha consistido en retornar a las oposiciones de antaño que, ellas sí, fabricaban profesores con capacidad para recitar todos y cada uno de los temas de la asignatura. Lo han conseguido: habrá una especie de oposición consistente en tres pruebas ante un macrotribunal nacional que, una vez superadas, habilitarán para acceder a un puesto de funcionario universitario. Perfe...

DESDE QUE ALGUIEN susurró al oído de una anterior ministra de Educación que para ser profesor titular de universidad bastaba y sobraba con saberse una lección del programa, la gran preocupación de nuestros legisladores populares ha consistido en retornar a las oposiciones de antaño que, ellas sí, fabricaban profesores con capacidad para recitar todos y cada uno de los temas de la asignatura. Lo han conseguido: habrá una especie de oposición consistente en tres pruebas ante un macrotribunal nacional que, una vez superadas, habilitarán para acceder a un puesto de funcionario universitario. Perfecto; si no hubiera más que esto, sería perfecto: el así habilitado elegiría alguno de los puestos ofertados, y santas pascuas.

Pero este sistema choca frontalmente con la autonomía universitaria. Y entonces, sin renunciar a él, comienzan a adherírsele otras cláusulas que no proceden ya de la misma lógica centralizadora, sino de la autonómica. Habilita un macrotribunal estatal, pero son las universidades las que deciden si convocan el concurso para asignar una plaza y si la asignan de hecho a alguno de los habilitados o si la dejan de momento vacante. Por si fuera poco, cada universidad podrá mantener un floreciente vivero de profesores contratados por tiempo indefinido -con el único requisito de ser acreditados por una agencia evaluadora de la propia comunidad autónoma- del que podrá extraer candidatos suficientes a los puestos de funcionarios.

Es difícil que un animal, salvo si humano, tropiece dos veces en la misma piedra. Y esto es lo que ha ocurrido con el actual equipo ministerial: un tropezón en la mismísima piedra en la que ya se dio de bruces el equipo que gestó la LRU: mezclar principios organizativos de sistemas no ya dispares, sino opuestos. Ponga usted a punto un sistema de habilitación que consista en un examen nacional; añada luego un concurso de acceso sobre el que decide una comisión de cada universidad; construya a su lado, en paralelo, una gran avenida por la que avance un gran ejército de contratados. El resultado será que la universidad no sacará ninguna plaza funcionarial hasta que uno de sus contratados cumpla los requisitos para pasar la habilitación. ¿Se habrá reducido con eso la endogamia, ese gran coco de nuestra universidad? No, en absoluto. Se habrá reforzado, porque para ser contratado por vez primera por cualquier universidad no hay más que pasar por una agencia evaluadora de la propia comunidad.

Al primer tapón, zurrapa. Y también al segundo. Los responsables del ministerio han propalado como gran motivo de esta reforma una mayor racionalización de las relaciones entre órganos de gestión, representación y control. Estupendo, se dirá: es lo mismo que con el Estado, separación de poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. En el modelo de universidad europeo / continental -carente de mecanismos de mercado para asignar recursos y controlar la pro-ducción-, el control, la gestión y la representación son asuntos internos a las propias universidades: el rector es elegido por el máximo órgano de representación, el claustro, y él luego forma un equipo que gestiona la universidad apoyado en una junta representativa del claustro. El riesgo de encapsulamiento es obvio. Hay que acudir a otra lógica que introduzca aire fresco en ese ambiente cerrado.

El problema surge cuando esa lógica ya no es académica, no es tampoco de mercado, deja de ser social, y sólo queda la política. Y en efecto así es, y de ahí el contento rayano en entusiasmo del representante de CiU en sus aplausos al proyecto de ley. La lógica política es siempre una lógica de poder. ¿Cómo es posible que los poderes públicos no hayan sacado hasta hoy tajada del apetitoso pastel universitario? Hay que participar, meterse, controlar. Y así se han previsto mecanismos para que los partidos políticos tengan mucho que decir en los nombramientos del Consejo de Coordinación Universitaria, de las agencias de evaluación nacional y autonómicas, y de los nuevos consejos sociales con su poder incrementado. Hay mucho puesto aquí para repartir entre personalidades de reconocido prestigio. ¿Suena a algo la cantinela del reconocido prestigio? Claro que suena: a cuotas entre partidos.

Endogamia reforzada y control político de las universidades por parte del Gobierno: éstas son dos de las consecuencias de haber comenzado tan farrucos y haber tenido luego que negociar con CiU para no quedar más solos que la una con su proyecto a cuestas. Menos mal que algo del primer borrador se ha salvado: los rectores permanecen, pero los claustros se disuelven. Eso sí que es mantenerla y no enmendarla.