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Columna
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El subsecretario tiene razón

Recientemente, el subsecretario del Ministerio de Fomento ha denunciado que las compañías petroleras españolas vienen aplicando unos precios sobre el gasóleo de automoción excesivamente elevados, fundamentalmente porque no trasladan la caída de los precios del crudo al precio final de este producto. En términos similares, aunque más discretos, se ha pronunciado la directora general de Política Energética. Ambos tienen razón, aunque el argumento empleado no es del todo correcto. La mejor manera de valorar la política de precios de nuestras compañías consiste en comparar sus efectos con los precios vigentes en cada momento en la Unión Europea.

Cabe plantear al respecto dos enfoques. El primero, que es el empleado por la Comisión Europea para valorar los avances del mercado interior europeo (Single Market Scoreboard) pone en relación el precio de un determinado producto en cada país con el precio medio nacional más bajo de la Unión Europea. Se entiende que esta última medida es la mejor estimación posible de los costes unitarios mínimos y, en consecuencia, de los precios que se corresponderían con una situación en la que el mercado europeo fuera una realidad. El segundo enfoque, más indulgente, compara los precios españoles con los observados en el conjunto de la Unión Europea o en una parte significativa de la misma; pongamos Alemania, Francia Italia y Reino Unido.

En enero de 2000 el gasóleo español era el más barato de Europa, excepto Portugal; en agosto de 2001 era el más caro, excepto los países escandinavos y Holanda

Si consideramos la evolución del precio del gasóleo de automoción antes de impuestos desde noviembre de 2000, podemos constatar, de acuerdo con la información proporcionada por el Oil Bulletin de la Comisión Europea, un empeoramiento de los diferenciales de precios españoles con respecto a ambas referencias y periodos anteriores, valorable en una cuantía aproximada de cinco pesetas por litro. El fenómeno se ha acentuado estos últimos meses. Dicho en términos más gráficos, en enero de 2000 el gasóleo español era el más barato de Europa, con la excepción de Portugal; en agosto de 2001 era el más caro, con la excepción de los países escandinavos y Holanda. Dicho en términos más prácticos, los precios del gasóleo deberían reducirse al menos cinco pesetas con respecto a los niveles actuales, y más si suponemos la tendencia a la baja de los precios del producto en los mercados internacionales. Conviene señalar que nuestra comparación no está ajustada por paridades de poder de compra, lo que subestima la desventaja padecida por los automovilistas españoles.

La consideración de la misma base de datos permite, además, extraer conclusiones de rango comunitario, que deberían interesar a la próxima presidencia española de la Unión Europea. La estimación de la dispersión de los precios del gasóleo entre los diferentes países europeos, a través de la tasa de variación, muestra que observa niveles relevantes y que no tiende a disminuir en los últimos tiempos, es decir, el mercado europeo del gasóleo evidencia el incumplimiento de la ley del precio único, que caracterizaría la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior. Este fenómeno es bastante conocido en Europa cuando se refiere al precio final de los automóviles o a los productos de electrónica de consumo.

La propia Comisión ha establecido que los compradores españoles de la última clase de productos pagan un sobreprecio equivalente al 20% en relación a los precios nacionales más ventajosos de la Unión Europea; de hecho, los precios españoles son los más altos de Europa. Con carácter más general, algunos estudios recientes demuestran que la consolidación del mercado interior europeo, la competencia en ese ámbito y, en consecuencia, la convergencia de precios finales podría permitir que los precios de los bienes de consumo se redujeran un 3% en los próximos cinco años.

La dispersión de precios dentro de la Unión Europea obedece a razones múltiples. Algunas de las más importantes según la OCDE (Études économiques de l'OCDE: zone euro, mayo 2001) son la existencia de barreras de entrada a los mercados nacionales y las restricciones verticales impuestas por las empresas a los canales de distribución en forma, por ejemplo, de contratos de exclusividad, cláusulas de no competencia o contratos de comisión.

Esta última razón es perfectamente atinente al caso que nos ocupa, como acaba de determinar el Tribunal de Defensa de la Competencia español respecto de los acuerdos entre los operadores al por mayor de productos petrolíferos y las estaciones de servicio. Por lo que parece, el Gobierno español quiere que la liberalización de los servicios básicos europeos, especialmente los mercados energéticos y de telecomunicaciones, reciba un impulso singular bajo la presidencia española. Supongo que la Comisión Europea está plenamente de acuerdo. No estaría de más, sin embargo, que el empeño viniera acompañado por la adopción de iniciativas similares para España, por ejemplo, tomando nota de los pronunciamientos del tribunal sobre los mercados de hidrocarburos e incorporándolos al ordenamiento jurídico. Supongo también que el subsecretario estaría de acuerdo.

Alberto Lafuente Félez es catedrático de la Universidad de Zaragoza.

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