El Supremo considera dudosas las alegaciones del Arzobispado contra el derribo de una iglesia

El Tribunal Supremo advirtió hace tres meses al Arzobispado de Madrid de que las causas que éste había esgrimido para evitar el derribo parcial de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Fuencarral) podían ser inadmisibles de acuerdo con las leyes procesales. Sobre esta iglesia pende una orden de derribo parcial dictada por el Tribunal Superior de Madrid, dado que parte de su estructura vulnera la distancia mínima de separación con un edificio colindante. El Arzobispado ha llegado a ofrecer, sin éxito, 100 millones de pesetas a los vecinos que denunciaron el asunto si retiraban el pleito.

La decisión definitiva del Supremo sobre este asunto está próxima. Dos vecinos de un bloque próximo a la iglesia, asesorados por Javier Dorca, denunciaron que la edificación estaba muy próxima a sus casas y que les tapaba la luz natural porque no respetaba la separación mínima -siete metros- que imponen las normas urbanísticas entre edificaciones.

La orden de derribo dictada por el Tribunal Superior se halla congelada desde el año pasado. El Supremo admitió in extremis sendos recursos del Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado contra la decisión del Tribunal Superior de anular un acuerdo plenario tendente a legalizar la situación urbanística de la iglesia. Ambos recursos se presentaron justo después de que la Sección Primera del Tribunal Superior reiterase que había que demoler la estructura del templo en la que se ubica el altar mayor y dictaminase que no cabía recurso contra su decisión de anular el citado acuerdo municipal. El Supremo, sin embargo, bloqueó la orden y dictaminó que legalmente sí cabían ambos recursos.

No dio la razón a ninguna de las partes; simplemente dijo que cabía el recurso y que estudiaría el tema. Desde entonces, el alto tribunal ha dictado dos resoluciones de trámite que aparentemente no favorecen las pretensiones del Ayuntamiento y el Arzobispado. Por un lado, ha apartado del proceso al Ayuntamiento, porque éste formalizó el contenido de su recurso fuera de plazo. El Arzobispado sí lo presentó dentro del plazo. Si bien, en un auto dictado en julio pasado, los jueces del alto tribunal le indican que los cinco motivos que alegaba en su recurso podían ser susceptibles de inadmisión de acuerdo con las leyes procesales. Es decir, que las cuestiones en las que fundamentó el recurso no eran competencia suya, sino del Tribunal Superior de Madrid.

Nicolás Pérez, experto en derecho administrativo y asesor jurídico del Arzobispado, presentó nuevas alegaciones tratando de demostrar que tales cuestiones son competencia del alto tribunal. Dilucidar si cabe o no legalizar la ubicación de una iglesia mediante la figura urbanística del estudio de detalle, que es lo que pretendía el Ayuntamiento, es una cuestión que afecta a normas urbanísticas de ámbito local y autonómico. Son cuestiones, pues, según el alto tribunal, 'que escapan al ámbito de conocimiento del Supremo' por 'no tratarse de derecho estatal'. 'No se trata de normas locales o estatales', apostilla el letrado del Arzobispado; 'lo que hemos planteado al Supremo es si el Tribunal Superior puede anular el acuerdo municipal para revisar mediante un estudio de detalle la situación urbanística de un inmueble'.

Oferta económicaPérez ignora cuál será la respuesta definitiva del Supremo en este asunto. Afirma que existe una sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Madrid, del año 1991, que declara 'conforme a derecho' la licencia otorgada por el Ayuntamiento a esta iglesia. Y asegura que no entiende cómo, tras esa decisión, se inicia otro proceso en otra sección distinta y por la misma causa y concluye con otro resultado.

Aclara este letrado que en la actualidad hay un pleito en un juzgado de lo civil de Madrid en el que el Arzobispado expone que es el citado bloque vecinal el que invade 2,5 metros lineales del suelo correspondiente a la iglesia. Pérez insiste en que el Arzobispado ha actuado siempre dentro de la legalidad.

También admite que ha llegado a ofrecer a los dos vecinos que denunciaron el asunto más de 100 millones de pesetas para que renunciasen al pleito. Ese dinero lo habría pagado el Ayuntamiento, puesto que fue él el que dio la licencia a la iglesia y validó con ello las lindes. Avanza que, si la resolución final del Supremo resulta desfavorable, interpondría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 'Mis clientes sólo quieren que se ejecute la sentencia', afirma Javier Dorca, abogado de los denunciantes.