La dificultad de compatibilizar ocio, negocio y descanso

La contaminación acústica se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos. El eurobarómetro presentado por la Comisión Europea en Copenhague en 1999 ya alertó sobre esta cuestión que se ha convertido en uno de los motivos de queja más frecuentes. Sólo el año pasado, el Síndic de Greuges se vió obligado a atender más de un centenar de demandas de ciudadanos hartos de soportar una molestia frente a la que no vale la buena voluntad de las partes enfrentadas.

El Tribunal Constitucional ya en en una de sus primeras sentencias de noviembre de 1982 aseveró que 'el derecho al medio ambiente se constituye como límite legítimo a la actividad económica'. Una filosofía ratificada con claridad por el Tribunal Supremo en otra sentencia de noviembre de 1990 en la que afirma que 'el derecho del empresario no puede abatir, en su beneficio, el derecho a gozar de un medio ambiente saludable'.

Sin embargo, esta doctrina emanada de los altos tribunales y basada en el espíritu de la Constitución española tiene difícil aplicación práctica. Durante la década de los ochenta y los noventa, la contaminación acústica se desató con especial virulencia en municipios turísticos, aunque hoy son la práctica totalidad de las urbes de la Comunidad Valenciana las que registran este problema.

El responsable técnico del departamento de Medio Ambiente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE), Juan Martín Pérez, asegura que las causas de este enemigo invisible, el ruido, tienen su origen en un notable incremento del número de vehículos que circulan por nuestras calles, en el incremento de la movilidad urbana y en el desarrollo de las actividades de ocio y turismo que se han visto favorecidas por un mayor nivel de renta.

Como medidas destinadas a luchar contra la contaminación acústica, los sectores implicados [vecinos, empresarios y Administraciones] coinciden en apostar por incentivar las campañas educativas, lograr que cada una de las partes aplique el principio de corresponsabilidad y elaborar un catálogo general de actividades que prevea y estipule las medidas necesarias para erradicar el ruido.

La realidad, pese a la buena voluntad expresada por los diferentes colectivos, está muy lejos de las intenciones expresadas.Una de las dificultades para evaluar la contaminación acústica es que el sentimiento de molestia, además de las características físicas del sonido, depende de la percepción psicológica de los ciudadanos (La.calidad sonora de Valencia. Espacios sonoros representativos publicado por la Fundació Bancaixa en 1997 permite ampliar estos aspectos a partir de una urbe concreta). Más allá de los 45 decibelios está demostrado que existen dificultades para dormir y los expertos recomiendan que el nivel sonoro no pase de los 35 decibelios en los dormitorios. Cuando esto sucede, las mujeres y los niños son los principales perjudicados. Eso no impide que niveles de ruido ensordecedor sean recibidos con satisfacción, como lo demuestran las numerosas manifestaciones pirotécnicas que se celebran en la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso no es lo mismo el ruido buscado voluntariamente como motivo de satisfacción o de ocio que el padecido por la actividad de los demás a pesar nuestro. Cuando esto sucede podemos vernos inmersos en una de las peores pesadillas.

La presidenta de la Asociación de Vecinos La Amistad de Valencia, Sol Romeu, tiene documentado cómo puede funcionar un pub desde 1986 hasta la actualidad trastornado la actividad de los vecinos sin que docenas de denuncias, inspecciones municipales y suspensiones de licencia de actividades hagan la más mínima mella en los sucesivos propietarios del disco bar, que continua mal insonorizado y rebasando el nivel de decibelios fijado por la Administración. Mientras, los vecinos -alguno de los cuales dispone de certificados médicos que aseguran que sus brotes depresivos tienen su origen en el ruido del bar- siguen siendo las víctimas silenciosas.

Lo escandaloso de algunas situaciones ha llevado a los tribunales a tomar cartas en el asunto. Por un lado, como lo demuestran dos recientes sentencias de la Audiencia de Valencia, los jueces han decidido castigar con penas de prisión e inhabilitación para ejercitar dichas actividades hosteleras los actos de desobediencia a la autoridad, con la intención de evitar que los propietarios de discotecas y pubs levanten los precintos e ignoren las órdenes de cierre de manera sistemática. Por otro, los tribunales, ante la pasividad de las autoridades municipales -que ostentan las competencias para evitar este tipo de problemas-, han empezado a condenar a los propios ayuntamientos a indemnizar a los vecinos que, hartos de soportar la situación, se ven obligados a costearse tratamientos médicos, reformas en las viviendas o a trasladarse de zona. El caso más reciente en la Comunidad Valenciana ha sido el del Ayuntamiento de Ontinyent, condenado por el Tribunal Superior de Justicia a indemnizar con más de dos millones de pesetas a un grupo de vecinos por permitir la apertura de numerosos locales de ocio que violentaron sus derechos fundamentales.

El movimiento ciudadano contra la contaminación acústica va en aumento y cansado ya de espera ha decidido organizarse [uno de los foros es www.ruidos.org] para superar la frustración que supone pensar que el 87% de las denuncias ante ayuntamientos, policía local y empresarios no da la satisfacción deseada, según una encuesta de la revista Consumer.