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El ex director de prisiones acusa a Manzanares de querer colapsar la cárcel

Los testigos avalan los cargos contra el juez

Se acabó la coartada. El que fuera director general de prisiones de la Generalitat en la década de 1990, Ignasi Garcia Clavel, declaró ayer con dureza contra el ex juez de vigilancia penitenciaria José Ramón Manzanares en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 'Cada vez nos iba atornillando un poco más con sus peticiones de documentos. Él decía que lo hacía para garantizar los derechos de los presos, pero lo que quería el juez era colapsar la cárcel de Quatre Camins', aseguró. Otros testigos del fiscal también avalaron esa tesis contra el magistrado.

Garcia Clavel fue director de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación entre 1990 y 1999, coincidiendo con la época en la que Manzanares era el encargado de Quatre Camins. El testigo explicó que el juez acudía a la prisión sin comunicarlo a la dirección y se entrevistaba con cuadros intermedios, todos ellos del sindicato de prisiones más reaccionario de la época y con los que Manzanares tenía gran amistad. 'Yo di indicaciones para que se acabara con eso, pero los funcionarios no hicieron caso', dijo.

Manzanares, además, tenía el apoyo de más de un algún alto cargo del Departamento de Justicia, por lo que, al final, el director de Quatre Camins hubo de dimitir y el juez se envalentonó aún más, explicó el testigo. Tanto que el magistrado pidió en una ocasión que entrara la policía en la cárcel si la Generalitat no acababa con una huelga de brazos caídos de los presos. Justicia planteó un conflicto de competencias ante los tribunales y lo ganó.

La tensión alcanzó su límite en la Navidad de 1998, cuando el juez, según el fiscal, 'ideó un plan' para retrasar o impedir los permisos de los presos inventando trámites burocráticos hasta entonces inexistentes. Con esa actuación, dijo el testigo, el juez situó a la cárcel en una situación de premotín, por lo que la Administración autonómica concedió 90 permisos extraordinarios de 48 horas, ya que el juez sólo había resuelto 95 de los 242 solicitados. Por esa actuación la fiscalía acusa a Manzanares de dos delitos de prevaricación y pide para él penas que suman 17 años y cuatro meses de inhabilitación. 'La actuación del juez era gravísima porque tardaba mucho en resolver y provocaba la indefensión de los presos, que no podían recurrir ante la Audiencia', aseguró Garcia Clavel.

Toga y en el estrado

Testigo y acusado apenas se cruzaron una mirada en la declaración. Ayer Manzanares abandonó el banquillo, subió al estrado y se colocó la toga. Alguna fiel funcionaria de su juzgado acudió a mostrarle su apoyo, además de otra juez de vigilancia con la que mantiene una gran amistad.

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Coincidiendo con el juicio, la Plataforma de Apoyo a Presos/as, difundió un comunicado en el que recordaba que hace ya 10 años que empezaron a denunciar la actuación del juez y nadie les hizo caso. Eso contribuyó, aseguran 'a la potenciación de la prepotencia y el menosprecio de que hizo gala el magistrado'.

El juicio quedará hoy visto para sentencia.

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