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El Gobierno de Cantabria debe pagar 4.500 millones por una expropiación de terrenos

El tribunal juzga que no se valoró la rentabilidad de la finca que ocupa el Palacio de Festivales

El Gobierno de José Joaquín Martínez Sieso tendrá que hacer frente al pago de 4.500 millones de pesetas a la empresa Astilleros del Atlántico, propietaria de los terrenos situados en Puerto Chico (Santander), cuya expropiación dispuso su antecesor en el cargo, Juan Hormaechea, para construir una de sus obras preferidas, el Palacio de Festivales. El Ejecutivo regional tendrá, además, que hacer frente a los intereses legales devengados a lo largo de los últimos 10 años y que calcula en otros 3.500 millones. Los terrenos ocupan una extensión de 8.400 metros cuadrados en los que hoy se asientan el Palacio, diseñado por el arquitecto navarro Sáinz de Oiza, y un vasto aparcamiento.

La sentencia del Tribunal Superior de Cantabria considera adecuado tener en cuenta el valor del aprovechamiento urbanístico medio para la zona que existía antes de la expropiación y toma como referencia los terrenos adyacentes hacia el este, más baratos que los del oeste.

Cálculos urbanísticos Con estos cálculos, el TSJC considera que el precio que debe pagarse son 4.497 millones y desestima una sentencia del jurado provincial de Expropiación Forzosa de Cantabria de 24 de febrero de 2000, que fijó un justiprecio para la referida finca de unos 250 millones de pesetas. Aquella sentencia fue recurrida por Astilleros del Atlántico, empresa que en la actualidad se encuentra en suspensión de pagos. Previsiblemente, con la ejecución del pago, los acreedores, entre ellos varios organismos públicos, verían llegado el momento de cobrar.

La sentencia del TSJC es recurrible ante el Supremo y, de hecho, el consejero de Presidencia, Juan José Fernández, anunció ayer que el Ejecutivo cántabro va a recurrir. Fernández, expresó la 'sorpresa' por una sentencia que 'respeta', pero con la que está en 'absoluto desacuerdo'.

El consejero explicó que la expropiación se produjo en 1990 mediante una Ley que calificó los terrenos como de interés social y utilidad pública, que no recibió votos contrarios, y cuya ocupación efectiva no se produjo hasta agosto de 1991. No fue hasta 1999 cuando las dos partes acudieron al jurado provincial de Expropiación Forzosa para que valorase los terrenos, al no existir un acuerdo sobre el precio.

Los letrados demandantes: el ya fallecido alcalde de Santander Marino Fernández Fontella y Jesús Pellón, perteneciente al mismo despacho, adujeron siempre que el valor de la finca debía calcularse de acuerdo con el aprovechamiento urbanístico medio existente para el lugar en el que Astilleros había estado enclavado, antes de la expropiación y no más tarde, según estimaron el jurado provincial y la Administración, coincidentes en considerar la zona como verde, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

El Palacio fue inaugurado en abril de 1991, siendo presidente por seis meses el socialista Jaime Blanco, tras una moción de censura que derribó a Hormaechea. Cuando éste retornó, se apresuró a retirar del edificio la placa en la que su sucesor puso su nombre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de julio de 2001