Nicaragua emprende su cuarto intento de privatizar la empresa pública de telefonía
Después de tres intentos fallidos de privatizar la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), la Asamblea Nacional (Congreso) aprobó la semana pasada una serie de reformas a la ley que regula el procedimiento de enajenación pública. Con el fin de evitar que, una vez más, la subasta pública quede desierta, el nuevo texto de esta Ley 210 disminuye los requisitos exigidos a los ofertantes. Ahora se piden tres años de experiencia en el sector, en lugar de cinco, una facturación anual por valor de 300 millones de dólares estadounidenses, en vez de 1.000 millones, una cartera de usuarios de 300.000, y no de medio millón como se exigía anteriormente, y el patrimonio necesario para ofertar se ha disminuido de 1.500 millones de dólares a 300 millones.
Sí se mantienen, en cambio, las fases para la enajenación de la empresa pública: primero se venderá el 40% de las acciones a un inversionista privado y el 10% a los trabajadores de la entidad, que también recibirán en calidad de donación otro 1%. El Ejecutivo tiene tres años para vender el resto de la empresa en las condiciones que determine.
Esta discrecionalidad reservada al Gobierno ha motivado un recurso de inconstitucionalidad, aún por resolver, presentado por dos organizaciones sindicales de los funcionarios de Enitel, que también argumentan que no existe en el país la figura del fideicomiso, que, según la ley, debería velar y garantizar que los trabajadores adquieran su parte correspondiente. Otro de los puntos criticados ha sido el precio base del 40% de la entidad determinado por el Gobierno, 79 millones de dólares, muy inferior a la valoración de 260 millones resultante de una auditoría privada.
Enitel fue creada en 1995, tras la segregación de la gestión del servicio telefónico del ente regulador Telecomunicaciones y Correos, mediante una ley que también contemplaba su privatización.
Las subastas públicas de 1997, 1999 y 2000 fueron declaradas desiertas ya que los candidatos retiraron sus ofertas o ninguna puja alcanzó el precio mínimo. Los escándalos de corrupción que sacudieron la entidad en los últimos años pudieron influir en la decisión de las empresas solicitantes. Los dos predecesores del actual presidente ejecutivo fueron condenados recientemente por los delitos de cohecho y fraude. Gabriel Levy, actual embajador en Israel, y Jorge Solís, en paradero desconocido boicotearon la instalación de un sistema de telepuerto, el desvío para la gestión por parte de la empresa nicaragüense de 200.000 minutos mensuales de llamadas internacionales con origen en Miami, que hubiera producido pingües beneficios para el Estado. Solís y Levy se negaron a cumplir el acuerdo que mantenían con el empresario cubano-estadounidense Ricardo Mas Canosa cuando este se negó a pagar los sobornos que le pedían.
El Gobierno, presidido por Arnoldo Alemán, emprende así su cuarto intento de cumplir una vieja exigencia de los organismos económicos internacionales. La puesta en venta de Enitel estaba contemplada en el segundo Programa de Ajuste Estructural (Esaf, en sus siglas en inglés), un conjunto de compromisos económicos para el periodo 1998-2000 adquiridos por Alemán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para el acceso a una serie de ayudas. Una de las contraprestaciones conseguidas por Nicaragua ha sido su incorporación en el Grupo de Países Pobres Altamente Endeudados el pasado 18 de diciembre.
Esta iniciativa es un paso previo para la condonación de cerca del 80% de la deuda externa nicaragüense, unos 6.660 millones de dólares (equivalente al 40% de las exportaciones de bienes y servicios), según los últimos datos del Banco Central de Nicaragua, de diciembre de 2000. Para ello, deberá llegar al punto de culminación, el cumplimiento de 45 condiciones de carácter económico y social fijadas por el FMI y el BM.
Nicaragua también ha privatizado o tiene en proceso de venta, en cumplimiento del Esaf, su sistema de pensiones, la Empresa Nicaragüense de Electricidad, el Banco Nicaragüense (49% en poder del Estado) y un puerto marítimo, entre otros.
