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Los otros 'cultivos' mortales

Colombia debe eliminar en un plazo de 10 años las 100.000 minas sembradas en sus campos

Hace apenas dos semanas, una campesina encontró en un solar un artefacto que le llamó la atención; lo llevó a su casa. Ocho días después, sus hijos de ocho y cuatro años lo confundieron con un juguete. Les estalló en las manos. Estos niños son dos de las 25 víctimas que, en lo que va de año, han dejado en Colombia las minas antipersonas; las quiebrapatas, como se las conoce en este país. Once de los 25 murieron; los demás, entre ellos 8 niños, quedaron mutilados.

Se cree que en Colombia hay más de 100.000 minas sembradas en potreros, rutas de paso, sitios de recreo, campos, riberas; cualquier espacio puede estar contaminado. El compromiso del Gobierno presidido por Andrés Pastrana ahora, al entrar en vigencia el pasado 1 de marzo la ratificación que hizo este país de la Convención de Ottawa, es acabar con ellas en un plazo de 10 años.

Es una tarea difícil. Diana Roa, coordinadora de la campaña contra estas minas y consultora de Unicef, resumió a este periódico la gravedad del problema: "Colombia es el único país de América y uno de los pocos en el mundo donde aún se siembran estos artefactos. Es una situación compleja por la diversidad de actores que las usan y las fabrican; grupos ilegales -paramilitares y guerrilla- que no están obligados por el tratado que las prohíbe".

Se sabe que en 170 municipios, un l0% del total, hay plantadas quiebrapatas; por extensión territorial, equivale a un 22% del país. Colombia se encuentra en el mismo nivel de afectación que Bosnia, Kosovo y Chechenia. Ha pasado de tener un problema leve a otro grave en los últimos años.

"Se cree que el avance del minado es del 20% anual. Dada la realidad del país, las características del conflicto, las evidencias reflejadas en las víctimas, creemos que pueden ser muchas más de l00.000 las minas existentes", confiesa Diana Roa. Se calcula también que el 70% de ellas es artesanal.

Las fuerzas militares reconocen que sembraron 20.000 como estrategia de "defensa" de la infraestructura de comunicaciones y guarniciones militares. Desde 1998 dejaron de utilizar y fabricar estos "enemigos ocultos" y buscan ahora -dicen los generales- un sistema de seguridad alterno. Tienen un plazo de cuatro años -fijado por la convención- para destruir las 20.000 que aún tienen almacenadas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el primer grupo guerrillero en tener en su arsenal estas minas de efecto retardado que provocan masacres a cuentagotas. A partir de l998, se conoció el creciente empleo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La primera evidencia de que las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) camuflan minas en potreros y sembríos se tuvo el año pasado.

Estos grupos de extrema derecha las usan en el Magdalena Medio, casi siempre alrededor de zonas de cultivos ilícitos. Según quienes han estudiado el fenómeno, son dos los objetivos: detener la avanzada de sustitución manual de estos cultivos y amedrentar a la sociedad civil para que abandonen sus fincas. Igual estrategia pueden estar usando en Putumayo y Caquetá.

La esperanza es lograr con los grupos insurgentes acuerdos humanitarios que frenen la manipulación de estas armas que han dejado en Colombia, según los cálculos más bajos, 732 víctimas mortales. "La idea", dice Diana, "es procurar que el tema de las minas llegue a las mesas de negociación con las FARC".

De los paramilitares se conoce una declaración no oficial de un mando medio. Confirma que su organización las usa y confiesa la intención de no desenterrarlas a pesar de tener equipos para hacerlo. "Tampoco señalamos los sitios donde hay minas porque como esa gente [guerrilleros] pasan por ahí, esperamos que caigan en sus propias trampas".

La ausencia de mapas de ubicación de las minas es el más grave obstáculo para iniciar una tarea de limpieza. Además, las minas tienden a desplazarse.

Ocurrió en Nicaragua. El huracán Mitch acabó con el esfuerzo de identificación y ubicación de estos artefactos. En la mayoría de los casos denunciados en Colombia, las minas son distribuidas sin patrones específicos, en cantidades muy variables y sin ningún tipo de señalización, dice un informe publicado por Unicef.

"Desminar es una tarea complicada; se necesita mucho personal técnico y voluntad política. La voluntad es grande y debemos empezar ya. Lo más difícil es que en dos años no olvidemos el dolor de las víctimas, ni en cuatro olvidemos que hay mucho terreno afectado", concluye Diana.

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