Ocupantes irregulares de pisos se encierran para que el Ivima se los venda más baratos

Unos 60 vecinos de San Blas, todos ocupantes irregulares de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima, dependiente de la Comunidad), iniciaron ayer un encierro en la iglesia de San Joaquín que finalizará mañana, para reclamar al instituto que les venda las casas al mismo precio que ha cobrado antes a otros residentes en idéntica situación. El Ivima organiza amnistías para ocupantes irregulares de sus casas desde 1994. Con ellas pretende legalizar la situación de familias, generalmente de bajos recursos, que compraron pisos sociales de alquiler en el mercado negro -ya que no se pueden vender hasta su amortización- o accedieron a ellos tras cesiones irregulares de anteriores inquilinos.

Hasta ahora, en todas las amnistías se han vendido a los ocupantes irregulares las viviendas, la mayoría pisos de más de medio siglo y escasas dimensiones, por unos dos millones de pesetas. Pero en la última convocatoria, publicada en enero, el Ivima reclama precios en torno a los seis millones, aunque también da opción al alquiler con rentas de 30.000 pesetas o más bajas en caso de necesidad.

Vicente Pérez, presidente de la plataforma vecinal de San Blas, que convoca el encierro, acusa al Ivima de actuar 'con fines recaudatorios'. 'No parece justo cobrar a estas familias, que llegan al millar sólo en San Blas, tres veces más que a las que se regularizó antes. La única diferencia entre unas y otras es que éstas entraron a los pisos después de 1994 y por eso no se pudieron acoger a las anteriores amnistías', añade.

'Política nefasta'

'Si hay irregularidades es porque el Ivima no vigila su patrimonio y porque hay una política de vivienda nefasta. La Comunidad construye pocos pisos baratos y permite un mercado libre prohibitivo, por lo que hay gente que se acaba buscando la vida de esta manera. Tampoco es solución que estas familias sigan en alquiler cuando, en todo San Blas, el Ivima ha vendido sus casas a los inquilinos', concluye Vicente Pérez.

El viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Peral, considera que se están dando todas las facilidades a estas familias 'pese a que sabían de sobra que estaban haciendo algo ilegal'. 'No se pueden mantener los mismos precios de hace cinco años, porque la vida ha subido. Si siguiésemos pidiendo dos millones se nos acusaría de malvender el patrimonio público. Los nuevos precios salen de la valoración que la Consejería de Hacienda hace de estos inmuebles aplicándoles una reducción del 20%', explica.

En esta amnistía, a diferencia de las anteriores, no se exige ganar menos de 2,5 veces el salario mínimo (72.000 pesetas al mes) y carecer de otra vivienda en propiedad en Madrid. Ésos son requisitos de los pisos sociales, algo que estas casas deben dejar de ser, mediante su desclasificación, para que el Ivima las venda a precios superiores a los dos millones estipulados por la normativa de vivienda de protección oficial antigua.

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