La Fiscalía quiere elevar la condena de Jesús Gil en el 'caso de las camisetas'

En su recurso, la Fiscalía del Tribunal Supremo hace suyas las tesis de la Fiscalía Anticorrupción e impugna la sentencia de la Audiencia de Málaga de 10 de octubre de 2000, por considerar insuficiente la condena impuesta a Jesús Gil. La Fiscalía sostiene que 'además de prevaricar y cometer delitos de tráfico de influencias, Gil debió ser condenado también como responsable de falsedad en los documentos públicos de la corporación municipal y por haber malversado los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella'.

El fiscal anticorrupción Carlos Castresana pidió en el juicio, que se celebró en la Audiencia de Málaga entre el 20 de marzo y el 24 de julio de 2000, que se condenara a Gil por dos delitos de falsedad, cinco de tráfico de influencias, cinco de prevaricación y cinco de malversación. Castresana solicitó por estos 17 delitos 29 años y medio de cárcel, 74 de inhabilitación y una indemnización de 1.700 millones de pesetas.

Sin embargo, la Audiencia redujo la pretensión del fiscal a seis meses de arresto, 28 años de inhabilitación y un millón de pesetas de multa. El presidente de la Sala, José María Muñoz Caparrós, emitió un voto particular en el que consideraba que Gil y sus colaboradores habían cometido irregularidades administrativas en la contratación de los patrocinios deportivos, pero que los doce acusados no habían cometido los delitos que les imputaba el fiscal.

El abogado de Gil, Horacio Oliva, ha solicitado o una copia completa de la causa, que todavía no le ha entregado la Audiencia de Málaga. Después, tendrá 15 días para presentar su escrito. A partir de ese momento, y tras la admisión de los recursos por la Sala Segunda del Supremo, defensas y acusaciones podrán interponer impugnar los escritos de las partes contrarias.

A tenor del recurso del fiscal, la Sala de lo Penal del Supremo tendrá que determinar ahora si Gil y sus colaboradores en el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid desviaron ilegalmente más de 1.400 millones de pesetas de los ciudadanos de Marbella. Fuentes judiciales apuntan entre ocho meses y un año como plazo más rápido para la sentencia del Supremo.

Alcalde hasta el 2003

En caso de que Gil fuera condenado a penas privativas de libertad, un eventual recurso ante Tribunal Constitucional podría suponer la suspensión de su ejecución. Por el contrario, según las mismas fuentes, no es habitual que el Constitucional paralice la aplicación de una condena de inhabilitación. En la primavera del año 2002, todavía le faltará un año a Jesús Gil para completar su actual mandato como alcalde de Marbella, puesto que ocupa desde 1991.

En la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga el pasado octubre, el tribunal apreció un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias en la manera en que se realizaron los contratos de patrocinio de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93, por valor de 450 millones de pesetas.

Gil también fue condenado a siete años de inhabilitación por la esponsorización del Joventut de Badalona en la temporada 1992-93, sin contrato y a cambio de un favor que la empresa intermediaria Dorna le hizo a Gil, según la acusación. Dorna le prestó al alcalde de Marbella 1.300 millones de pesetas por un solo día, para que se hiciera con la mayoría de las acciones del Atlético de Madrid. El contrato con el Betis en 1992-93, por 40 millones, en un papel común, sin sello ni membrete del Ayuntamiento, firmado por Gil sin poderes de la empresa municipal Eventos 2000, supuso otra condena de siete años de inhabilitación. Finalmente, los acuerdos entre Eventos 2000 y el Atlético o la Sociedad de Fútbol Profesional desde 1994 llevaron provocaron otra condena por tráfico de influencias y prevaricación.