La UE decide hoy si censura a Dublín por su presupuesto expansionista
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofín) deberán elegir hoy entre Irlanda y la Comisión Europea. En una decisión que pone a prueba la credibilidad de los mecanismos de control sobre las cuentas públicas nacionales, los ministros deben decidir si respaldan la propuesta de la Comisión Europea de reprender a Irlanda por el excesivo expansionismo de su política presupuestaria.
Si es así, será la primera vez que el Ecofín acuerde amonestar políticamente a un Estado miembro y le invite a rectificar sus decisiones presupuestarias. Si la propuesta del comisario de Asunt...
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofín) deberán elegir hoy entre Irlanda y la Comisión Europea. En una decisión que pone a prueba la credibilidad de los mecanismos de control sobre las cuentas públicas nacionales, los ministros deben decidir si respaldan la propuesta de la Comisión Europea de reprender a Irlanda por el excesivo expansionismo de su política presupuestaria.
Si es así, será la primera vez que el Ecofín acuerde amonestar políticamente a un Estado miembro y le invite a rectificar sus decisiones presupuestarias. Si la propuesta del comisario de Asuntos Monetarios, Pedro Solbes, no prospera o se diluye en mera retórica, la Comisión quedará malparada y su autoridad política mermada.
Solbes acusa a Irlanda de promover una política presupuestaria que lleva al país al recalentamiento y a la inflación. La vicepresidenta del Gobierno irlandés, Mary Harney, ha respondido con un artículo en el periódico británico Financial Times que 'la estrategia económica irlandesa está plenamente integrada con los proyectos de la Unión Monetaria y el mercado interior'.
Dublín se apresta a dar batalla y en la prensa local asoma ya el chantaje: una reprimenda a Irlanda dificultará la ratificación del Tratado de Niza, advierten los comentaristas.
Más allá del caso irlandés, la votación puede convertirse en el primer precedente de intromisión en las decisiones presupuestarias de un Estado. Y, aunque el acuerdo no es vinculante, significa un reproche político de primer orden.