La Sindicatura observa anomalías de gestión en el Teatre Nacional

'El administrador general y consejero delegado [del Teatre Nacional de Catalunya] cobra sus honorarios mediante la emisión de facturas de carácter mensual', dice el informe de auditoría correspondiente al año 1998, que la Sindicatura entregó al Parlament a finales de la semana pasada. La auditoría plantea que el teatro y su consejero delegado firmen 'un contrato de prestación de servicios profesionales'. Busquetes afirmó ayer que factura a su empresa como autónomo y no a través de ninguna sociedad, y añadió que, tras algunos informes jurídicos, el Teatre Nacional de Catalunya ha llegado a la conclusión de que no es necesario cambiar la relación laboral entre la empresa y él mismo.

El teatro tenía en 1997 un consejo asesor cuyos miembros tampoco habían suscrito contrato. El auditor señala que estas personas perciben una retribución de 250.000 pesetas mensuales y también deberían firmar un contrato con la entidad. El consejero delegado afirmó ayer que la falta de relación contractual de los asesores sólo se produjo en 1997. El teatro ha atendido la recomendación de la Sindicatura, que dirige Ferran Termes, de que los miembros del órgano asesor, que se relevan en el puesto cada 11 meses, tengan un contrato.

El teatro perdió 564,6 millones de pesetas en 1997 y 531,2 en 1998. 'Las pérdidas son debidas a que las subvenciones recibidas son insuficientes para cubrir el déficit de los resultados de la actividad', dice el auditor. El informe añade que todas las obras representadas en el teatro en 1998 fueron deficitarias, salvo El auca del señor Esteve, de Santiago Rusiñol.

Respecto al Centro de Supercomputación de Cataluña (Cesca), el informe señala que la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) le ha cedido activos, que no concreta, sin que haya 'documentación suficiente que soporte esta cesión'. El Centro de Supercomputación es un consorcio formado por la Generalitat, diversas universidades y la propia FCR, y a principios de los noventa destinó centenares de millones a adquirir ordenadores de gran potencia.

Los activos cedidos por la Fundación al Cesca en 1998 ascendieron a 129,4 millones de pesetas.

La Sindicatura está estudiando la gestión de la FCR como consecuencia de la presión de los partidos de la oposición. Josep Antoni Plana Castellví, que dirigió esta institución durante más de una década, cesó en el cargo en septiembre de 2000, coincidiendo con la realización de la auditoría. En 1996 la FCR se desprendió por 200.000 pesetas del buscador de Internet Olé, que tres años después fue adquirido por Telefónica por 3.000 millones.

La Sindicatura reprocha que la FCR no haya dictado una resolucion en la que se establezcan, entre otros aspectos, 'el bien sujeto a cesión, el término, la obligación de reintegro del importe del detrimento que puedan experimentar los bienes cedidos'.

La Sindicatura recomienda 'una mejor coordinación entre la FCR y el Cesca respecto a los cobros y pagos entre las dos entidades y las correctas anotaciones en sus contabilidades y en sus respectivos inventarios', y puntualiza que los precios que ha cargado el Cesca a las universidades consorciadas en 1997 y 1998 por la utilización de sus servicios ha quedado por debajo del coste de producción.

En sus alegaciones, el Cesca responde a la Sindicatura que ha planteado a la fundación la posibilidad de transferir los fondos directamente desde el Gobierno, sin la intermediación de la fundación, como sucede en otros organismos autónomos, en consonancia con la recomendación.

La Sindicatura también ha fiscalizado al Instituto Catalán del Suelo, del que señala que en 1997 tenía colaboradores contratados 'sin adecuarse a los procedimientos establecidos por la normativa vigente' y que facturaron 'mensualmente durante varios ejercicios, lo que podría llegar a considerarse una relación laboral encubierta'. La entidad regularizó esta situación el año pasado