El Tribunal de Cuentas audita las empresas que creó el GIL en Estepona
El Tribunal de Cuentas ha solicitado al Ayuntamiento de Estepona información detallada sobre las empresas municipales creadas durante la etapa en la que el GIL gobernó el municipio. Un equipo de auditores del tribunal se desplazará el lunes a la localidad para continuar con la fiscalización del Consistorio y las empresas públicas entre los años 1995 y 1999, correspondientes a la etapa de Jesús Gil Marín en la alcaldía. El equipo estará formado por dos asesores técnicos y cuatro verificadores.
El departamento de Corporaciones Locales del tribunal ha remitido un escrito al gobierno del mu...
El Tribunal de Cuentas ha solicitado al Ayuntamiento de Estepona información detallada sobre las empresas municipales creadas durante la etapa en la que el GIL gobernó el municipio. Un equipo de auditores del tribunal se desplazará el lunes a la localidad para continuar con la fiscalización del Consistorio y las empresas públicas entre los años 1995 y 1999, correspondientes a la etapa de Jesús Gil Marín en la alcaldía. El equipo estará formado por dos asesores técnicos y cuatro verificadores.
El departamento de Corporaciones Locales del tribunal ha remitido un escrito al gobierno del municipio, formado por PSOE, PP, IU y PA, en el que pide que se faciliten a sus técnicos los libros de contabilidad originales y los justificantes de dichos soportes referidos a las 15 empresas municipales, Estepona XXI, así como toda la información que requieran para la realización de la auditoría, que se inició el 15 de diciembre del pasado año.
En aquella fecha tres inspectores del Tribunal de Cuentas se reunieron con dirigentes municipales para fijar una agenda de trabajo y recabaron la primera documentación, relativa a las cuentas generales de los años 1997 y 1998, las auditorías realizadas por el actual equipo de gobierno y el informe de la intervención general.
En este último documento se denunciaban graves irregularidades en la gestión de las sociedades municipales, entre ellas el cobro en 1998 de más de 200 millones de pesetas por parte de ediles del GIL por asistir a comisiones informativas que nunca se celebraron.
Los auditores se reunieron también con el secretario, el interventor y con el liquidador de las empresas públicas. La fiscalización de Estepona se produce a instancias de la comisión mixta Congreso-Senado.