Por un PHN de consenso

En el debate sobre el agua abierto recientemente, los socialistas valencianos hemos fijado claramente nuestro posicionamiento: el PSPV no está en contra de cualquier Plan Hidrológico Nacional (PHN), ni mucho menos del hecho que aquellas cuencas hidrográficas que sean estructuralmente deficitarias, como son las del Xúquer o el Segura, reciban aportaciones procedentes de otras cuencas excedentarias para poder cubrir sus necesidades actuales y futuras.Si hoy en el Estado español no disponemos de un PHN, y la Comunidad Valenciana aún no tiene solucionadas sus necesidades hídricas, se debe a la actitud del Partido Popular que, en 1993, bloqueó la tramitación parlamentaria del anteproyecto del PHN del Gobierno del PSOE, promovido por el entonces ministro de Obras Públicas Josep Borrell. En este sentido, sólo cabe recordar las feroces diatribas del hoy presidente del Gobierno, señor Aznar, lanzadas en aquellas fechas en diversos foros, prometiendo a la comunidad autónoma de Aragón (cabe recordar que en aquel momento gobernada por su partido) que no aceptarían el trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas hidrográficas.

Ni los valencianos tenemos por qué resignarnos a que la providencia divina haya creado una España seca y otra húmeda como alguien argumentaba entonces, ni los aragoneses a que la energía solar y la luz sean un don que justifique irreversiblemente una actitud de resignación, como se apunta ahora.

Es cierto que en el PSPV no podemos compartir los contenidos del PHN presentado por el actual Gobierno como solución a los problemas históricos de los desequilibrios hídricos existentes entre las diversas partes del territorio peninsular, y ello por muchas razones.

El ministro Matas no ha presentado en realidad un PHN, sino un documento que no cumple en absoluto los requisitos de una correcta planificación hidrológica. Un documento que no alcanza a ser un Plan Hidrológico, quedándose en un mero Plan Hidráulico en el cual, en aquellos aspectos que nos interesan a los valencianos, carga toda la responsabilidad de aportaciones hacia la Comunidad Valenciana en un solo río (el Ebro), disminuyendo así la seguridad que sólo podría dar una diversificación de los aportes hídricos.

El PHN carece de un diseño riguroso de la planificación, que abarque todas las cuencas y considere, con seriedad, todas las opciones existentes para atender los problemas de calidad y cantidad de los recursos hídricos que necesitamos, entre otros, los valencianos.

Un PHN debe ser mucho más que trasvases. Contemplado desde la filosofía que preside la recientemente aprobada Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, el PHN contempla una gestión del agua desfasada. Es necesario cambiar de una concepción anticuada, que ha primado las políticas de captación de nuevos recursos, a otra, que es la que defendemos los socialistas, que debe incidir principalmente en el mejor uso de los recursos existentes, haciendo prevalecer lo cualitativo sobre lo cuantitativo, poniendo el acento en la oferta y no en la demanda.

Para nosotros el PHN, en un contexto de redistribución solidaria de los recursos presupuestarios, debe estar encaminado a lograr un mayor equilibrio territorial y un desarrollo sostenible. Pero ¿va en esta dirección el anteproyecto del PHN o más bien en la contraria? Aunque el desarrollo sostenible ha recibido muy variadas interpretaciones, la forma más simple y directa de caracterizarlo es diciendo que a lo que esta opción de desarrollo aspira es a que la generalidad de los ciudadanos viva los más años posibles de la mejor manera posible y que esta pretensión no impida ni coarte el que ciudadanos de otros ámbitos puedan también desarrollarse o que también lo hagan las generaciones futuras.

Sin duda el proyecto del Gobierno no tiene esa ambición y, por el contrario, acentuaría los desequilibrios territoriales, comportaría graves impactos ambientales y no garantizaría en absoluto una gestión sostenible del agua.

El Gobierno no aclara la repercusión de los costes derivados de su propuesta. Los textos del PHN plantean la posibilidad de modular las repercusiones, encareciendo los abastecimientos urbanos, pero la discrecionalidad es absoluta, ya que, además, la aportación del agua trasvasada podrá efectuarse por parte de un concesionario a usuarios concretos, y no al conjunto de la cuenca receptora, con lo cual ni siquiera se garantiza que resulten beneficiados por el trasvase los usuarios cuyos déficits justifican, en teoría, el propio trasvase. Se podría dar la paradoja, pues, de que con el PHN del Gobierno se perpetuaran situaciones de infradotación -o de sobreexplotación de acuíferos- en los regadíos valencianos consolidados, mientras se atienden demandas urbanas o turísticas a un coste similar al de la desalación o la reutilización de aguas depuradas.

Frente a ello los socialistas reivindicamos una gestión pública del agua de cualquier procedencia, que garantice todos los usos actuales con criterios de sostenibilidad, y que evite la especulación sobre la misma y sus consiguientes efectos sociales, territoriales y ambientales.

El PHN debe apostar por el futuro. A pesar de las continuas manifestaciones del Gobierno sobre la modernidad de su oferta en materia de política de agua, cabe denunciar con rotundidad que el proyecto presentado se corresponde con una visión obsoleta, en la que no juegan el papel que merecen los mecanismos necesarios para garantizar el uso racional del agua y la máxima eficiencia de la infraestructuras, ni si plantean las posibilidades de explotación conjunta aguas superficiales-aguas subterráneas, ni se tiene suficientemente en cuenta la evolución previsible de las tecnologías de desalinización, reutilización de aguas residuales y potabilización, ignorando totalmente los caudales ecológicos de los ríos y la recarga de los acuíferos. En particular, resulta imprescindible coordinar la política del agua con la política de regadíos para favorecer la modernización del sector agrícola, la correcta dotación de los regadíos legales infradotados y la erradicación de los regadíos ilegales.

En esa línea el PHN debe ir ligado a la ejecución del Plan Nacional de Regadíos, con una ordenación de los cultivos, de forma que se apueste por los más competitivos.

El Plan Hidrológico Nacional solamente será un éxito si es el fruto de un amplio consenso territorial y es al Gobierno a quien le corresponde crear las condiciones para que éste pueda darse.

Si exigimos solidaridad de otros territorios, y creemos poder pedirla honradamente, debemos de ser capaces de mantener un diálogo franco con ellos, y acreditar que dichos recursos son estrictamente imprescindibles y que la gestión que se hará de ellos será pública, transparente y justa, previa justificación del hecho que hemos agotado todas nuestras actuales posibilidades y que optamos por una fórmula de crecimiento coherente que no reproduzca en el futuro, y de forma exponencial, nuevas necesidades de agua.

En el caso concreto de las necesidades hídricas de nuestra agricultura, es fundamental limitar el incremento de los regadíos para pedir con legitimidad, pero también para evitar poner en peligro el reequilibrio que pudiese obtenerse con el trasvase y la consiguiente perpetuación de la situación de déficit estructural.

En el Consejo Nacional del Agua y mediante el diálogo con los máximos responsables de las comunidades autónomas, el Gobierno conocerá las diferentes posiciones procedentes de todos los ámbitos territoriales y sociales.

Desde el PSPV hacemos un llamamiento a la Generalitat para que finalice sus deberes pendientes e invitamos al Gobierno a que revise su propuesta de PHN para poder avanzar hacia el consenso, al tiempo que reiteramos, tanto al Consell como al Gobierno central, nuestra voluntad y disposición de colaborar en el mismo. Un consenso que debe lograrse con razones y argumentos lógicos y no anatómicos.

Francesc Signes Núñez es secretario de Medio Ambiente, Aguas y Política Territorial del PSPV.