Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:EL INDULTO A GÓMEZ DE LIAÑO

El indulto en nuestro Estado de derecho

El autor defiende la necesidad de modificar la actual Ley del Indulto, promulgada en 1870 y actualizada en 1988, para adaptarla a la Constitución. También dice que esta gracia es discutible en sí misma.

La concesión del indulto al ex juez Gómez de Liaño ha reabierto de nuevo el tema de la politización de la justicia. En efecto, la decisión del Gobierno no sólo afecta a un antiguo miembro del poder judicial, sino que lo hace mediante el indulto, institución jurídica discutida y discutible que, en sí misma, ofrece numerosos motivos de conflicto en la difícil relación entre justicia y política. Que una decisión política de un Gobierno modifique la pena establecida en una sentencia firme abre, ciertamente, un amplio campo a la arbitrariedad y a la desigualdad en la aplicación de las leyes. El ordenamiento jurídico debe establecer, pues, límites y cautelas para que la figura del indulto no resulte incoherente con los principios que informan un Estado democrático de derecho.El indulto es una de las formas del llamado derecho de gracia, reminiscencia evidente de monarquías absolutas en las que el rey, al impartir justicia, acordaba la pena y otorgaba libremente su perdón. La ideología liberal y democrática que comienza a desarrollarse en los siglos XVII y XVIII critica el derecho de gracia y autores tan significativos de estos tiempos, como Beccaria, Kant o Bentham, lo consideran incompatible con la idea de Estado de derecho. Asimismo, las Constituciones francesas de la época de la Revolución, coherentes con el racionalismo ilustrado, abolieron la facultad de otorgar el derecho de gracia y también en España fue suprimido durante unos meses en tiempos de la I República. Bentham formuló la principal objeción con escueta contundencia: "Si la pena es necesaria, no se debe perdonar; si no es necesaria, no se debe pronunciar". Los riesgos de que el derecho de gracia infringieran los principios de división de poderes -usurpando el Ejecutivo los poderes del juez responsable de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado- y de seguridad jurídica -contraviniendo el carácter de cosa juzgada de las sentencias firmes- se hacían evidentes.

No obstante, el derecho, como expresión de una cierta idea de justicia, desborda en muchos casos la pura lógica. Sumum ius, suma iniuria, dice el viejo apotegma. Así, con el tiempo, se pudo comprobar que ciertas formas del derecho de gracia podían ser funcionales a la idea de impartir justicia en un Estado de derecho, siempre que su objetivo consistiera en no desviarse de la ley que fundamentaba la sentencia, sino, por el contrario, en aplicarla de forma más adecuada a su auténtica finalidad y sentido. Así lo expresaba Ihering, al considerar que el derecho de gracia podía ser "una válvula de seguridad del derecho, corrección de la generalidad del ius strictum frente a las exigencias de la equidad", alegando que "se presentan a veces ciertas circunstancias en las cuales es más útil perdonar que castigar, más acertado olvidar que perseguir o, simplemente, templar las asperezas de la ley".

Dentro de esta filosofía, las razones para otorgar el derecho de gracia son, entre otras, adecuar las penas a nuevas exigencias sociales, matizar el excesivo rigor derivado del carácter abstracto de la ley, poner remedio a la injusticia que suponen ciertas situaciones del penado (por ejemplo, sufrir enfermedades terminales cumpliendo condena), corregir errores judiciales y reparar los perjuicios causados por las dilaciones indebidas del juez o por defectos del sistema carcelario. Hay, por tanto, razones muy diversas para sostener que el derecho de gracia no sólo es compatible con un Estado de derecho, sino que bien aplicado puede contribuir a perfeccionarlo, siempre que su justificación esté fundada en el mejor cumplimiento del derecho vigente.

Ahora bien, no toda forma de derecho de gracia es compatible con un Estado de derecho. Distingamos primero entre amnistía e indulto, las dos formas tradicionales que adopta tal derecho. La amnistía extingue totalmente la pena y cualquiera de sus efectos, debido a que tal pena ha sido impuesta como consecuencia de un delito que en el momento de concederse la amnistía ha desaparecido de la legislación vigente. El indulto, por su parte, se limita a suspender en todo o en parte (indulto total o parcial) la ejecución de la pena, pero no elimina necesariamente sus demás efectos, ya que su concesión no es debida al delito ni, por supuesto, a discrepancias con la sentencia, sino que sus causas deben encontrarse en cumplir mejor con las exigencias del derecho en razón a las condiciones personales de los penados.

Pues bien, la amnistía tiene cabida en nuestro Estado constitucional de derecho si deriva del principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables de los derechos individuales, garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución, pero, como ha dicho el Tribunal Constitucional, no forma parte del derecho de gracia como tal. Por su parte, la Constitución, acertadamente, prohíbe los indultos generales (que de hecho atienden a la naturaleza de los delitos, y no a las condiciones de cumplimiento de las penas) y sólo admite los indultos particulares, único supuesto, pues, de admisión del derecho de gracia en nuestro ordenamiento.

La regulación constitucional es, por tanto, clara y adecuada a una concepción garantista de Estado de derecho. No ocurre lo mismo, en cambio, con la regulación a nivel legal que, fragmentariamente, se encuentra en leyes penales, procesales y penitenciarias, pero cuya regulación general se halla en la Ley del Indulto, promulgada, por ironías del destino, con carácter provisional el 18 de junio de 1870, hace de ello 130 años. Se trata de una ley sin duda excelente para su época, pero inadecuada para hoy, y, pese a que fue muy superficialmente modificada en 1988, no contempla ciertos requisitos básicos que derivan de importantes principios constitucionales actualmente vigentes. Por tanto, su aplicación requiere una interpretación de la misma conforme a la Constitución, lo cual implica tener en cuenta dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, la ley no establece los supuestos en base a los cuales puede concederse el indulto, ya que meramente se limita, y de forma no muy clara, a establecer como motivos vagas razones de justicia, equidad y utilidad o conveniencia públicas, términos todos ellos excesivamente indeterminados y dudosamente ajustados algunos de ellos a las legítimas finalidades constitucionales. Tratándose de una medida excepcional que puede afectar a derechos fundamentales, los motivos de concesión de los indultos deben ser restrictivos, y la indeterminación de la ley, al no precisar los supuestos, de hecho debe corregirse mediante una muy concreta y detallada justificación, que debe constar en la motivación de los decretos de indulto, los cuales deben reflejar, de forma clara y razonada, la conexión lógica entre la pena impuesta por la sentencia condenatoria y las razones que justifican el indulto, todo ello a la luz de los principios, reglas y finalidades constitucionales que sean de aplicación al caso.

En segundo lugar, además del control político parlamentario y del control del Tribunal Constitucional en el supuesto de un conflicto de competencias por vulneración del principio de división de poderes, los decretos de indulto, en sus aspectos reglados y en aquello que afecte a los derechos fundamentales, pueden ser sometidos al control judicial en la vía contencioso-administrativa. Como se sabe, los actos políticos exentos de control judicial no tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional. En consecuencia, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se considere afectada en sus derechos o intereses por una decisión de indulto está legitimada para acudir a los tribunales en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, así como también puede ser parte, de acuerdo con sus competencias, el ministerio fiscal.

En el momento de escribir estas líneas, el Boletín Oficial del Estado no ha publicado todavía el real decreto mediante el cual se concede el indulto al ex juez Liaño que fue anunciado por el ministro de Justicia. Por las noticias aparecidas hasta ahora, la impresión es que se trata de una chapuza jurídica escenificada mediante el acompañamiento de 1.442 indultos más. Pero será a la vista del texto del decreto -mejor dicho, de los 1.443 decretos-, especialmente de su motivación, que podrá argumentarse fundadamente acerca de su posible antijuridicidad y, en su caso, de las vías procesales para ejercer los recursos pertinentes.

Sin duda, una buena ley realmente adaptada a nuestra actual Constitución garantizaría mucho mejor un uso adecuado de la institución del indulto. Pero, en todo caso, las insuficiencias de la vetusta ley vigente deben corregirse mediante la interpretación de la misma conforme a la Constitución. Nuestro ordenamiento jurídico contiene, pues, elementos suficientes para que la institución del indulto sea utilizada de acuerdo con finalidades constitucionalmente legítimas, impidiendo que, al amparo de pretendidas lagunas jurídicas, el poder ejecutivo pueda invadir competencias que corresponden al poder judicial o a su órgano de gobierno, infringiendo los principios de seguridad jurídica y de separación de poderes.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2000