La movilización posterior al asesinato de Lluch fue decisiva para impulsar la negociación del documento
La movilización popular posterior al asesinato por la banda terrorista ETA del ex ministro socialista Ernest Lluch, el pasado 21 de noviembre, fue decisiva para que el Gobierno y el PSOE impulsasen el pacto antiterrorista. Un almuerzo entre el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, tres días después, el viernes 24 de noviembre, abrió la negociación. Ambos compartieron que el mensaje popular empujaba a favor del diálogo de los partidos democráticos contra ETA, comenzando por quienes tienen mayor afinidad en la lucha antiterrorista: los dos partidos nacionales.Esta actitud suponía un giro en la posición del Gobierno, que observaba con recelo la actitud del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, tras la campaña terrorista de ETA del verano, ya propuso una mayor corresponsabilidad del PSOE en la lucha antiterrorista con el Ejecutivo a través de un pacto firmado. Rodríguez Zapatero ha argumento reiteradamente que, tras la ruptura de los pactos de Ajuria Enea y Madrid, de 1988, la ciudadanía reclamaba un referente político claro para combatir a una ETA embarcada en una dura ofensiva terrorista.
Antes de que el Gobierno coincidiese con este análisis del líder de la oposición, el PSOE tuvo que soportar el rechazo del Ejecutivo a su primera propuesta de pacto, la que presentó el 14 de noviembre. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, llegó a decir, tres días después, que el PSOE se sacaba un "conejo de la chistera". Interpretaba que los socialistas sólo pretendían protagonismo y que los referentes políticos -Ajuria Enea- y la fórmula -consultas- para combatir a ETA ya eran suficientes. El Gobierno, al final, rectificó sus opiniones al negociar, y firmar hoy, un nuevo pacto con el PSOE.
