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El PP rechaza prohibir que el Consell comercie con empresas radicadas en paraísos fiscales

El Grupo Popular rechazó ayer en las Cortes una enmienda del PSPV a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que proponía prohibir las relaciones comerciales de la Generalitat con empresas radicadas en paraísos fiscales, para evitar "barbaridades" como las cometidas por el Instituto Valenciano de la Eportación (Ivex). El PP rechazó la "ruptura total" de relaciones con las empresas que operan en esos países argumentando que hay muchas y que entre ellas puede haber alguna dedicada a la "ayuda humanitaria". El PP rechazó todas las enmiendas de la oposición.

La portavoz de Economía del Grupo Socialista-Progresistas, Cristina Moreno, defendió una enmienda en la que reclamaba la adopción de "las medidas oportunas que aseguren que ni la Administración de la Generalitat valenciana ni ninguna de sus entidades autónomas de naturaleza mercantil, industrial, financiero o análogo, ni las empresas ni las fundaciones públicas, mantengan ningún tipo de relación comercial o de cualquier otra clase, con las empresas que tengan su sede social en cualquiera de los países que figuran detallados en la relación de paraísos fiscales" y pedía que se prohíba "expresamente la realización de cualquier pago a estas empresas". La iniciativa de los socialistas tenía su origen en una serie de pagos efectuados por el Ivex. El organismo exportador pagó fuertes cantidades a una sociedad ubicada en un paraíso fiscal por la organización de tres conciertos del cantante Julio Iglesias incluidos en la campaña de promoción exterior de la Comunidad Valenciana organizada por el Ivex."Es una vergüenza que tengamos que incluir esta enmienda", señaló Moreno, quien aseguró que existe la "constatación" de que la Generalitat ha mantenido relaciones con empresas de esas características y ha permitido esas transacciones, pero que no se pueden demostrar porque el Consell "está poniendo la tapadera de la justicia" para impedir que se conozca lo sucedido en el Ivex. "El Consell no quiere que se controle al Ivex porque ha hecho auténticas barbaridades, como pagar en paraísos fiscales", añadió la diputada socialista, quien consideró "antisocial e ilegal" que la Generalitat potencie con fondos públicos a "empresas que no cotizan impuestos en ninguna parte del mundo". Moreno precisó que las facturas de esos pagos son conocidas y lo que lo único que no se conoce es "quién es el titular de la empresa".

Todos estos argumentos no lograron que el portavoz popular, Ricardo Costa, aceptara la enmienda socialista. El diputado del PP aseguró que el "control" de las cuentas públicas valencianas es "claro y transparente", afirmó que "el Ivex no es un instrumento vergonzoso, sino de potenciación de las empresas valencianas", y rechazó las acusaciones que, según él, estaba "insinuando" la portavoz socialista para, acto seguido, señalar que "cualquier irregularidad en la gestión del Ivex está en los tribunales". Además, señaló que "no sería serio ni responsable" pedir una "ruptura total" de las relaciones comerciales del Consell con empresas radicadas en paraísos fiscales porque en esos países, entre los que citó Chipre, Malta, Singapur, Jamaica y los Emiratos Árabes, "hay muchas empresas, entre las cuales puede haber incluso alguna de ayuda humanitaria".

En la primera sesión del debate en comisión de las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat para 2001 se despacharon las 101 iniciativas referidas a la Ley de Acompañamiento. El PP rechazó todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición: 57 del PSPV y 40 de EU. Entre ellas las referidas a las fundaciones a las que el Consell del PP pretende ceder la gestión de los servicios sociales.

El socialista Antonio Torres consideró que la iniciaciva constituye un "paso previo a la privatización del sistema público de servicios sociales" y una "huida hacia adelante" ante la falta de recursos de la consejería del ramo. Es "paradójico", consideró Torres, que el Consell destine fuertes sumas a inversiones en instalaciones de ocio que, en su opinión, tienen que ser impulsadas por la iniciativa privada, y que, en cambio, deje que las empresas privadas inviertan en servicios sociales. El diputado socialista explicó que con esta iniciativa el Consell del PP quiere hacer "todavía más opaca" la gestión de los servicios sociales.

El portavoz de EU, Joan Antoni Oltra, denunció la iniciativa como "un intento de legalizar la privatización de áreas esenciales" que "descarga" al Consell de obligaciones que por ley le corresponden. Los populares replicaron que la propuesta de las fundaciones sólo persigue implantar un "nuevo modelo de gestión".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2000

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