Inmigrantes
El Congreso debatirá mañana la reforma de la ley orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros (LODYLE); los extranjeros cuya suerte depende realmente de esa norma precozmente envejecida (fue aprobada al final de la anterior legislatura) no son los ciudadanos europeos o los turistas ricos sino los inmigrantes procedentes de países extracomunitarios que huyen de la opresión y la miseria. Tras negociar a lo largo de 1999 el articulado de la LODYLE con los restantes grupos parlamentarios, el PP intentó modificarla a última hora sin conseguir su propósito: la desahogada mayoría absoluta del 12-M ofrece ahora al Gobierno de Aznar la oportunidad de resarcirse de aquel humillante tropezón, sea aplicando la doctrina Arias Cañete (esto es, por cojones), sea forjando un nuevo consenso con la oposición.El dictamen de la Comisión aprobado el pasado 6 de noviembre permitió un acercamiento entre el PP y los restantes grupos parlamentarios. El Gobierno admitió 59 de las 358 enmiendas de la oposición: la repesca de decenas de miles de inmigrantes que no habían logrado aprobar el examen de su regularización por cuestiones formales ha sido la principal cesión de los populares. Sin embargo, continúan las discrepancias en torno a la eficacia de la tutela judicial, la motivación de los visados de entrada, la regularización permanente de los sin papeles y las causas de expulsión. El debate de mañana permitirá comprobar hasta qué punto la doctrina Arias Cañete prevalece sobre el espíritu negociador del Gobierno en cuestiones de Estado. Por lo pronto, la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga, reconocidos por el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, parece inconstitucional; la expulsión en el plazo de 48 horas de los sin papeles convertiría en un simulacro el eventual amparo de los tribunales.
Pese a referirse también a los derechos y libertades de los extranjeros en España, las recientes declaraciones de Arzalluz a la revista alemana Der Spiegel sobre la situación jurídico-política "de los inmigrantes que no quieran asumir la nacionalidad vasca" en una eventual Euskal Herria independiente (resultado de la anexión forzosa de Navarra y del País vasco-francés a la Comunidad Autónoma de Euskadi) pertenecen a otro ámbito de debate. No es la primera vez que el presidente del PNV se ocupa de ese asunto: si ahora anuncia que los inmigrantes recibirían en un futuro País Vasco independiente el mismo tratamiento que los alemanes en Mallorca, otras veces los había comparado con los portugueses en Luxemburgo y los turcos en Alemania. Pero los inmigrantes a los que se refiere Arzalluz no serían europeos, latinoamericanos, africanos o asiáticos que llegasen a Euskal Herria después de la proclamación de su independencia sino ciudadanos vascos que residen en su territorio desde hace muchas décadas.
Dado que la inmigración se detuvo en Euskadi a mediados de los setenta y que su población está incluso decreciendo, los homólogos en el País Vasco de los portugueses en Luxemburgo o de los alemanes en Mallorca serían los descendientes de los inmigrantes llegados a esa tierra como trabajadores industriales a finales del XIX y durante los años sesenta de este siglo. Pero los enlaces matrimoniales y el arraigo social durante generaciones de los antiguos maketos harían inviable la limpieza étnica propuesta por Arzalluz: reservar a los vascos nacionalistas los plenos derechos de ciudadanía y relegar a la condición de extranjeros -con voto en los comicios municipales-a los vascos que no lo sean. El pormenorizado estudio de José Aranda sobre el censo de población de 1991 ("La mezcla demográfica del pueblo vasco", Claves de razón práctica, nº 87) muestra que sólo un 20,5% de los residentes en Euskadi tienen los dos primeros apellidos vascos: frente a las 827.700 personas con algún apellido vasco dentro de la Comunidad Autónoma, hay otros 3. 550.000 censados en el resto de España que comparten esa característica. Para cortar los nudos gordianos, nada mejor que la espada: el movimiento de desobediencia civil -tolerado por el Gobierno de Vitoria- en favor de un documento de identidad exclusivamente vasco pretende crear un censo electoral de carácter voluntario al que sólo tendrían acceso los nacionalistas (cualesquiera que fuesen sus apellidos y hubieran nacido en Zamora o en Elgoibar) y del que serían excluidos los demás ciudadanos vascos (con independencia de su lugar de su nacimiento y de su genealogía).
