España se juega 300.000 millones de pesetas en la reforma de las ayudas agrarias de la UE

La Comisión Europea tiene abiertas las negociaciones para la reforma de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, arroz, algodón, azúcar y aceite de oliva. Para el sector agrario español, sobre la mesa hay en juego ayudas por el montante de 300.000 millones de pesetas que perciben estos sectores. El aceite de oliva, con unas subvenciones globales de 165.000 millones de pesetas, es la más importante. El Gobierno de Bruselas debe presentar su propuesta antes de fin de año para su entrada en vigor el 1 de noviembre del próximo otoño.

Ante esa reforma, la Administr...

La Comisión Europea tiene abiertas las negociaciones para la reforma de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, arroz, algodón, azúcar y aceite de oliva. Para el sector agrario español, sobre la mesa hay en juego ayudas por el montante de 300.000 millones de pesetas que perciben estos sectores. El aceite de oliva, con unas subvenciones globales de 165.000 millones de pesetas, es la más importante. El Gobierno de Bruselas debe presentar su propuesta antes de fin de año para su entrada en vigor el 1 de noviembre del próximo otoño.

Más fondos

Ante esa reforma, la Administración española y la casi totalidad del sector agrario coinciden en la conveniencia de una prórroga de la actual Organización Común de Mercado para el aceite de oliva. Agricultura, cooperativas y la organización ASAJA quieren que se prorrogue varios años el actual sistema de ayudas a la producción.UPA aceptaría una prórroga de un solo año para que la reforma se estudiara bajo presidencia española. La única oposición se produce desde la COAG. La actual regulación de este mercado se aprobó en julio de 1998 y, frente a las posiciones iniciales de Bruselas para conceder una ayuda por árbol, se impuso la ayuda por producciones reales, con una asignación de cuotas por países. España logró una cuota de sólo 760.027 toneladas. Bruselas impuso a los Estados miembros de la UE la eliminación de las ventas a la intervención, sustituyendo las mismas por un apoyo al almacenamiento privado.

El Ministerio de Agricultura sostiene que para el sector olivarero español, la que está en vigor es una buena reforma al prever ingresos de unos 165.000 millones de pesetas, lo que significa unos 60.000 millones por encima de los que se habrían percibido con la regulación anterior a 1998.

En medios de la Administración se entiende, además, que no es éste un buen momento para arañar más fondos comunitarios y que se deberían dejar las cosas como están a la espera de los acuerdos que se produzcan en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Agricultura estima también que España no aporta en estos años unas estadísticas lo suficientemente altas en producciones como para exigir un aumento de cuota.Las cooperativas agrarias y ASAJA se han alineado con la posición de Agricultura para mantener la actual regulación del mercado por un periodo de dos años más. UPA apoya una prórroga de un año para mejorar la estadística media de las producciones en España.Todo el sector agrario coincide en reclamar a la UE la clarificación de los datos sobre producciones, superficies y rendimientos en el sector del aceite de oliva.Estas peticiones se concretan, muy especialmente, en las cifras de Italia, que se consideran muy superiores a las producciones reales. En medios agrarios se cree que en los dos últimos años Bruselas no ha hecho apenas nada para clarificar el sector. En 1998, la propia Comisión reconoció que abordaba la reforma y distribución de cuotas sin datos fiables.

Para España, la parte negativa de la actual OCM se concreta en la existencia de una cuota de producción de sólo 760.027 toneladas, cifra que se considera muy baja para las producciones que se esperan en España para los próximos años. El otro punto negro para el sector olivarero es la supresión de la intervención, algo muy difícil de reponer a la vista de los actuales intentos de Bruselas para eliminar el sistema de compras públicas.