El PSOE advierte de que la "deportación" de inmigrantes dificulta el pacto con el Gobierno

El PSOE calificó ayer de "deportación" el traslado de inmigrantes encerrados en furgones policiales dentro de las bodegas de los barcos que cruzan el Estrecho y advirtió de que este tipo de comportamientos "hace difícil que se pueda alcanzar un acuerdo" en materia de inmigración. El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, pidió la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Por su parte, el secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, eludió pronunciarse alegando que no dispone aún del informe que ha solicitado.

El PSOE se distanció ayer de la política del Gobierno en materia de inmigración y dejó claro que "no hay negociación posible sin el respeto exquisito a los derechos humanos de los inmigrantes". La repatriación durante la semana pasada de cientos de indocumentados en las bodegas de los trasbordadores que cubren la travesía Algeciras-Ceuta, en condiciones que incumplen las convenciones internacionales en materia de seguridad marítima, causó estupor en las filas socialistas.Su portavoz en el Congreso, Jesús Caldera, dijo que este trato supone una "flagrante violación de los derechos humanos", mientras que la responsable federal de Políticas Sociales y Migratorias, Consuelo Rumí, lo calificó de "gravísimo y espeluznante".

Caldera pidió que el ministro del Interior comparezca ante el Congreso para dar cuenta de "esta barbaridad impropia de un país civilizado" con la máxima celeridad, "y no tarde tanto como hizo para explicar el fallecimiento en una comisaría canaria de un ciudadano guineano", que se demoró varios meses.

Principios "irrenunciables"

La polémica sobre el traslado de los inmigrantes eclipsó la presentación de las 49 enmiendas socialistas a la contrarreforma de la Ley de Extranjería. Los representantes del PSOE subrayaron las diferencias que les separan del PP y anunciaron que, si no se reconocen los derechos de asociación, reunión, sindicación o huelga a los irregulares, votarán en contra del proyecto."Es prematuro hablar de consenso", aseguró Rumí, ya que el PSOE "ha puesto las bases para llegar a un acuerdo", pero "el Gobierno no ha respondido". Aunque calificó la contrarreforma de la Ley de Extranjería de "inoportuna", dijo que las enmiendas de su grupo "pretenden convertir un mal proyecto en una buena ley". En todo caso, subrayó, los principios que afectan a los derechos fundamentales de los inmigrantes, la igualdad y la integración son "irrenunciables".

Por su parte, el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, evitó pronunciarse sobre las condiciones del trasladado de los inmigrantes. "No puedo opinar sobre lo que no conozco exhaustivamente", alegó.

Fernández-Miranda dijo haber encargado un informe para confirmar "que las cosas se han hecho como se tienen que hacer", aunque se mostró convencido de que "hasta ahora" se ha actuado correctamente. Dicho informe no se limita a las condiciones del traslado, aclaró, sino que abarca todas las circunstancias que rodearon la llegada de 445 inmigrantes a las costas de Cádiz en una sola noche y la acogida que se les brindó, que a su juicio resulta "ejemplar". El Secretario de Estado tampoco quiso contestar si considera adecuado llevar a inmigrantes en la bodega de los buques. "Sepamos exactamente qué es lo que ha pasado y teoricemos luego sobre cómo se deben transportar las personas, que por otro lado está perfectamente tasado a efectos legales", replicó.

Pese a que dijo desconocer las condiciones del traslado, negó que se hubiera producido descoordinación policial, argumentando que en estas operaciones se siguen procedimientos "establecidos y estandarizados", que conocen "las autoridades marítimas y los capitanes de los barcos".

Defensor del Pueblo

El informe de Fernández-Miranda no será el único, pues el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, abrió ayer una investigación, tras recibir una queja del Movimiento contra la Intolerancia. Mustafa El Mrabet, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), mostró su sorpresa por la forma en que se trata a sus compatriotas. "Hay un término medio entre llevarles en estas penosas condiciones y que viajen en primera clase", afirmó. El subdelegado de la Junta andaluza en el Campo de Gibraltar, Rafael España, calificó de "indigno de un país desarrollado" tratar a los inmigrantes como "esclavos", "sacos de carga" o "animales".

La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar prohibe trasladar pasajeros en el garaje de los buques por el grave peligro que correrían en caso de incendio, naufragio o desplazamiento de la carga. "Claro que sabemos que los inmigrantes corren peligro ahí abajo", admitió a EL PAÍS el director de la flota de Euroferrys, Carlos María Quijano, "pero en este asunto todo el mundo mira para otro lado"