Funcionarios de los juzgados de Estepona denuncian impagos de la Junta
Los funcionarios judiciales de Estepona han denunciado que el estado de abandono y la falta de medios en los Juzgados de la localidad han llevado en el último mes a la suspensión de numerosos trámites judiciales. La paralización afecta a las notificaciones, emplazamientos, embargos y citaciones a personas con domicilio en el extrarradio del casco urbano y la causa no es otra que la negativa de los taxistas del municipio a seguir prestando sus servicios para la práctica de diligencias judiciales ante el impago de los desplazamientos por parte de la Junta de Andalucía. Según los agentes judicial...
Los funcionarios judiciales de Estepona han denunciado que el estado de abandono y la falta de medios en los Juzgados de la localidad han llevado en el último mes a la suspensión de numerosos trámites judiciales. La paralización afecta a las notificaciones, emplazamientos, embargos y citaciones a personas con domicilio en el extrarradio del casco urbano y la causa no es otra que la negativa de los taxistas del municipio a seguir prestando sus servicios para la práctica de diligencias judiciales ante el impago de los desplazamientos por parte de la Junta de Andalucía. Según los agentes judiciales, el Gobierno autónomo adeuda a los taxistas todos los traslados realizados desde noviembre de 1999 hasta principios de este mes, cifra que en algunos casos, como el de Alfonso Sánchez, supera las 400.000 pesetas. El problema tiene difícil solución porque, además, los seis oficiales de los juzgados esteponeros se niegan a usar sus vehículos particulares para realizar notificaciones oficiales fuera del casco urbano, ya que se quejan de que estos desplazamientos no se ingresan en sus nóminas hasta seis meses después. Reclaman también la necesaria reforma de las dependencias judiciales o su traslado a otro edificio, como se apuntó ya en el año 1990.
Según Francisco García, el más veterano de los oficiales, los baños públicos del edificio "se encuentran desde hace un año atascados y ha sido necesario precintarlos debido a una filtración de heces y orines". García denunció el escaso espacio en el que desarrollan su labor jueces y funcionarios, y la "caótica" situación que se produce cuando coinciden varios juicios que obligan a realizar las declaraciones "hacinados y de pie". La ausencia de accesos para personas con minusvalías, que deben subir hasta tres pisos, o de formación sobre el uso de los ordenadores, instalados hace apenas un año son otras de las demandas de los funcionarios.