Los políticos juegan en los parques

Esta parece haber sido la diversión del verano de ilustres políticos del PP valenciano. Quién no disfrutó tanto como el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, viendo sus andanzas en los noticiarios públicos durante la inauguración de Terra Mítica el 27 de julio en Benidorm. Gustosos del juego en el parque, los políticos populares anunciaron su deseo de jugar en un nuevo parque: el Medpark. El 28 de julio, la Consejería de Educación resolvió la nulidad de los trámites del plan especial del Parque Científico del Mediterráneo de la Universidad de Alicante.La decisión se justifica por un problema de competencias, pues no corresponde a la Universidad el desarrollo estratégico del territorio, cuya responsabilidad es de la Generalitat en base a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, según el dictamen de los técnicos de las consejerías de Obras Públicas y de Educación. Desde la Generalitat, se ha acusado de paso al equipo de gobierno de ciertas irregularidades constitutivas de delito en relación con el desarrollo del proyecto del Medpark, sin que por el momento se haya producido la correspondiente acción penal.

En el cruce de acusaciones de este juego entre políticos y responsables académicos en el parque, se ha vuelto a decir que la falta de colaboración es consecuencia de la pésima sintonía personal entre el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño. Esta falta de entendimiento explicaría la política de hechos consumados adoptada por la Universidad para impulsar un parque científico que no ha contado con la necesaria implicación ni del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el alcalde popular Díaz Alperi, ni de las instituciones pertinentes de la Generalitat. Pero atribuir esta ausencia de colaboración a un mero problema personal es de una simplicidad rayana en lo grotesco.

Un asunto meramente administrativo, ni siquiera resuelto con un "vuelva usted mañana", que se ha convertido en otro capítulo (algunos quisieran que el epílogo) de la presión que el gobierno del PP viene ejerciendo sobre los representantes académicos del campus alicantino. El acoso por el control político de la tercera Universidad de la Comunidad vuelve a estallar cuando el segundo y último mandato del actual rector entra en su recta final. Las anomalías administrativas y las supuestas irregularidades de otra índole cometidas en el desarrollo y tramitación del Medpark sirven como oportuna arma política para procurar la dimisión rectoral e intentar dividir al equipo de gobierno, cuando no desgastarlo con este asunto y debilitar la posibilidad de que alguno de sus integrantes acabe postulándose como candidato al rectorado.

Esta conjetura quizá haga más comprensible el reciente nombramiento del profesor Salvador Forner como director general de Universidades de la Generalitat. La elección de este catedrático de larga trayectoria en la Universidad de Alicante fue anunciada como un gesto voluntarioso de la Generalitat para procurar el entendimiento y la colaboración con el equipo rectoral del campus alicantino: un nuevo talante negociador, cual abrazo de Vergara, que parece haberse diluido con suma facilidad. Sólo caben dos preguntas, ¿se ha abusado de la buena voluntad de un profesor? ¿Se necesitaba de una persona afín conocedora de los entresijos y los intereses creados en la Universidad de Alicante como para, desde la penumbra de su cargo, manejar la promoción de un candidato a rector que sea próximo a los intereses del gobierno autonómico del PP? Quizá tengamos las respuestas cuando los políticos terminen de jugar en el parque.

Lo cierto es que, coincidiendo con la paralización del Medpark, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha anunciado su deseo y propósito de impulsar su parque científico. No hay que olvidar que algunos grupos de interés de la Universidad de Alicante fueron apoyados por el primer gobierno de Zaplana en la Universidad ilicitana hace un lustro. La puesta en marcha de esta Universidad también planteó un problema de competencias al segregarse facultades de la Universidad de Alicante, sobre todo la Facultad de Medicina, y transgredirse la autonomía universitaria. No importó desnaturalizar entonces un proyecto de construcción de un segundo campus alicantino que formara parte de la articulación territorial del eje Alicante-Elche-Santa Pola. El desarrollo estratégico de este territorio, competencia de la Generalitat, se abandonó y la racionalización y redistribución de la oferta universitaria en la provincia se sometió a los intereses políticos del gobierno de turno. Ello ha supuesto la aberrante competencia de dos universidades en un radio de pocos kilómetros, duplicándose innecesariamente la oferta en muchas licenciaturas y carreras de ciclo corto, cuando no se han creado sonoras licenciaturas que apenas tienen demanda. Ahora pueden acabar construyéndose sendos parques científicos o quizá uno solo en Elche.

La gestión de los recursos públicos se somete a los intereses políticos. Pero hay que volver al principio: si la Generalitat rechaza parques científicos, sus políticos juegan en parques lúdicos. La política como negocio explica que no hubiera problemas para que la ordenación del territorio en la actual ubicación de Terra Mítica se produjera a partir de la recalificación de antiguos terrenos forestales en Benidorm que acabaron carbonizados. Pero la Generalitat interviene además en iniciativas que competen al sector privado, comprometiendo recursos públicos (es como si el Estado de Florida controlara el 15% de las acciones del parque Disney World y otro 30% a través de instituciones financieras afines). Este afán por los negocios privados contrasta con la falta de inversión en el sector público, como por ejemplo muestra el retraso en la ejecución del mapa escolar, que ha obligado a la creación de una sociedad pública de derecho privado (Construcción de Infraestructuras Educativas) para la organización, contratación y ges-tión de las obras previstas. Un caso más de discreta liberalización del espacio social y de mercantilización de los servicios públicos. Las dos caras de la política del PP se entrecruzan cuando los políticos juegan en los parques: el control político de las instituciones y la política como negocio.

Francisco Sevillano Calero es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante.