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El Gobierno francés se ampara en el secreto de Estado para no revelar al juez la trama exterior del 'caso Elf'

El petróleo de Elf sigue manchando a todo aquel que se le acerca. Según cuenta el diario Le Monde, el juez Renaud van Ruymbeke descubrió el pasado 3 de agosto que la lista de nombres y el montante de las comisiones pagadas por la compañía petrolera a los intermediarios que intervinieron en sus negocios entre 1989 y 1993 es secreto de Estado. El juez pone en duda la validez de servirse de esta protección "militar" en un caso que sólo se ocupa de contratos civiles. Las pesquisas judiciales conciernen sobre todo a la compra, por parte de Elf, de la empresa española Ertoil, de una refinería y una red de distribución de gasolina en la antigua Alemania del Este, y también las informaciones relativas a las fragatas vendidas por Thomson a Taiwan.

La iniciativa de Van Ruymbeke ha topado con una clasificación de los documentos que debió establecerse hace ya años, en época del presidente Mitterrand. Ahora la Dirección General de Aduanas no puede dejar consultarlos, ni tan sólo a la Justicia, si antes el secreto de Estado no es levantado por el primer ministro, Lionel Jospin, o por el titular de la cartera de Economía y Finanzas, Laurent Fabius, jefe directo de las aduanas. Todo esto contribuye a ratificar el sentimiento de que todo lo que tocó Elf, durante los años en que la sociedad fue dirigida por Loïk Le Floch-Prigent, se convierte en asunto de Estado.

En el caso de Ertoil se sabe que Elf vertió 400 millones de francos (unos 10.000 millones de pesetas) en concepto de comisiones y que uno de los beneficiarios fue el hombre de negocios iraquí Nadhmi Auchi. La revista L'Express ha escrito, el pasado 20 de julio, que el asunto "podría, a la larga, manchar las relaciones franco-españolas" puesto que, siempre según el semanario, "un actual ministro de José María Aznar" jugó un papel "muy activo" en la transacción y recibió por ello "unas gratificaciones".

El destino último de los 400 millones (los alemanes se repartieron 330) no debe ser necesariamente España o la cuenta corriente de los representantes de Ertoil. En esta clase de negociaciones es frecuente que una parte del dinero vuelva al país de origen.

El Gabinete de Laurent Fabius explicó ayer que "el director de Aduanas no pudo tomar otra solución que la de rechazar la comunicación" que le pedía Van Ruymbeke, e insta al juez a seguir "el procedimiento legal" para solicitar el levantamiento del secreto de Estado. En cualquier caso, sea Fabius o Jospin quien deba tomar la decisión, no podrá hacerlo sin escuchar antes la opinión de la Comisión Consultiva del Secreto de la Defensa (secreto de Estado) Nacional. Este organismo, creado en 1998 a iniciativa del Gobierno Jospin, dispone de un máximo de dos meses para dar su dictamen. Hasta ahora ha intervenido en pocos casos, el más célebre de los cuales es el conocido como affaire Ben Barka. En esa oportunidad, la Comisión optó por un levantamiento parcial del secreto de Estado.

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