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Portugal despenaliza el consumo de toda clase de drogas

La derecha pide a Sampaio que no lo firme y reclama un referéndum

El Parlamento portugués aprobó ayer la despenalización del consumo de todas las drogas, sin distinción entre duras y blandas, que hasta ahora se castigaba con penas de hasta tres meses de prisión. El proyecto fue aprobado con los votos de socialistas, comunistas y el Bloque de Izquierdas, que consideran la nueva ley como "un avance histórico" en la lucha contra las toxicodependencias.

Los socialdemócratas, de ideología liberal-conservadora, y los populares (la derecha), pidieron al presidente de la República, Jorge Sampaio, que no sancione el texto, y reclaman un referéndum.El consumo de estupefacientes pasa de la consideración de delito a la de enfermedad. La izquierda alcanzó a última hora un acuerdo para despenalizar el consumo de todas las drogas, en un proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento en su último día antes de las vacaciones. La nueva ley decreta la abolición del delito penal y sustituye ese castigo con tratamiento para los tóxicodependientes y multas para los consumidores ocasionales.

Dichas multas oscilarán entre las 4.000 y 25.000 pesetas para los consumidores de drogas blandas y hasta las 50.000 pesetas para los de duras. La ley establece que las comisiones civiles para la prevención de las drogas establecerán, mediante una tabla de referencia, el límite entre consumo y tráfico, que, no obstante, se basará en la regla de considerar tráfico la posesión de aquellas cantidades que sobrepasen las dosis para un máximo de 10 días de uso privado. Así, la policía sólo se ocupará de identificar a los consumidores y las cantidades de droga, para entregar su expediente a las comisiones, que dictaminarán si son tóxicodependientes o consumidores ocasionales, con vistas a las sanciones oportunas.

El secretario de Estado para la Presidencia del Consejo de Ministros y responsable del proyecto socialista, Vitalino Canas, afirmó ayer que la ley constituye "una nueva filosofía en el tratamiento", y añadió: "Cumplimos de esta forma una función social y mantenemos que el consumo de drogas es pernicioso para la salud y sigue prohibido".

El diputado del Bloque de Izquierdas, Francisco Louçá, califica esta apertura "como un paso de gigante", ya que se considera al tóxicodependiente "como enfermo y no como delincuente".

La derecha se ha opuesto frontalmente a la medida y solicita la convocatoria urgente de un referéndum. El presidente del PSD (Partido Social-Demócrata, de ideología liberal-conservadora), José Manuel Durão Barroso, publicó ayer una carta abierta en la que exige una consulta popular sobre el caso. Durão explica que el Gobierno socialista portugués, "en compló con toda la izquierda parlamentaria, se ha preparado para impedir que los portugueses sean oídos sobre una cuestión que les afecta directamente" y que, a su juicio, constituye "la apertura para su liberalización".

El presidente del PSD sostiene que la aprobación de esta ley "en tiempo récord sólo pretende impedir la realización de un referéndum y un debate dirigido a la sociedad, los jóvenes, las familias y el país". Durão sostiene que "el aumento de la criminalidad en Portugal está directamente relacionado con el consumo de estupefacientes", y apela al presidente de la República, Jorge Sampaio, para que "una decisión de esta naturaleza no sea impuesta a todos los portugueses sin la posibilidad de debatirla".

El Instituto Portugués para las Drogas informó que en 1998 fueron castigadas por consumo más de 2.500 personas, la mayoría de las cuales pagaron multas y 176 ingresaron en prisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de julio de 2000