Cambio tecnológico y política de innovación: un debate necesario.

El autor insta a la sociedad a renovar la discusión sobre el papel de la innovación tecnológica en la actual situación económica.

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es una ocasión excepcional para abrir un debate sobre una de las claves para el porvenir de nuestra economía. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de la Ciencia en 1986 se han producido modificaciones de alcance en la política tecnológica. Aquella ley marcó un punto y aparte con la puesta en marcha de los Planes Nacionales de I+D. También el Ministerio de Industria y otros pusieron en marcha distintas iniciativas para el fomento del desarrollo tecnológico. Igualmente las comunidades autónomas han establecido diversos planes y, por último, España ha participado activamente de iniciativas europeas de fomento de la investigación, tanto en los programas marco como en el Eureka, la Agencia Europea del Espacio y otras.Es una opinión bastante compartida que los efectos positivos que sin duda tuvo el impulso social y político de la primera mitad de los ochenta se han agotado en gran medida y que la nueva situación internacional, junto a las actuales condiciones de la economía española, exige un planteamiento renovado, a cuya definición debe contribuir un debate amplio que tiene la gran ventaja de poder realizarse hoy sobre un conocimiento de la realidad productiva y tecnológica muy superior a la que disponíamos hace década y media.

Un primer aspecto a destacar es la importancia del concepto de cambio tecnológico del que se parta. En este sentido, deberían desecharse dos versiones igualmente equivocadas que han presidido una buena parte de las actuaciones, no sólo en nuestro país, en los últimos tiempos: me refiero a la consideración del cambio técnico como fruto lógico o derivado natural de la investigación científica y a la confusión entre innovación y difusión de las innovaciones.

En el primer caso, estaríamos ante la reedición de la visión lineal que supone un protagonismo esencial a la investigación científica y que asigna un papel pasivo y de usuario a las empresas productivas. No se dice exactamente así, pero es la perspectiva que suele estar detrás de los esquemas que todo lo supeditan a la "falta de transferencia de conocimientos del sector investigador" o que insisten en la "falta de perspectiva del sector privado para introducir las tecnologías disponibles".

Suele este enfoque olvidar algo sustancial de la tecnología y es que la misma no es solamente información, sino que es una forma de conocimiento cuyo aprendizaje se produce a partir de un conjunto amplio de fuentes de conocimiento tecnológico, entre las que los aspectos tácitos, incorporados a las personas y a las organizaciones, tienen un protagonismo destacado y se obtiene fundamentalmente a través de la experiencia.

Este error de enfoque tiene su contrapartida en el absolutamente opuesto, por el que todo debe fiarse a la experiencia práctica, sin un papel que asignar a la investigación académica porque no está en contacto directo con ese saber práctico. Hoy sabemos que el liderazgo internacional se ha conseguido en aquellos casos donde la conjunción de fuentes de aprendizaje es máxima y donde la investigación básica asume un nuevo papel, siempre sobre la base de una investigación de calidad que está fuera del alcance de la gran mayoría de las empresas privadas, pero de cuyos resultados se beneficia todo el sistema de innovación directa o indirectamente.

Otro error frecuente se hace presente cuando no se distingue entre la innovación y la difusión. Así, en múltiples programas de modernización se hace referencia a la generalización del uso de ciertas tecnologías bajo el supuesto implícito de que de ello se sigue como por encanto la adquisición de las capacidades tecnológicas de las que disponen los que realmente innovan. Detrás de este error se encuentra la ignorancia del carácter acumulativo de todo conocimiento y particularmente del conocimiento tecnológico y que, por tanto, lo que las empresas son capaces de innovar en un futuro próximo está fuertemente condicionado por lo que han sido capaces de hacer en el pasado inmediato. Por otro lado, ese enfoque añade frecuentemente otro componente no menos peligroso: el de fiar el cambio técnico a la adquisición de la tecnología. La base de este error radica en desconocer el carácter específico de los conocimientos tecnológicos por el que se hace imprescindible un esfuerzo propio incluso como base para que la compra de tecnología se haga en condiciones de eficiencia.

Los datos de la innovación tecnológica en España plantean otros retos. En efecto, las últimas cifras disponibles señalan que el gasto de I+D sobre el PIB alcanzó el 0,9 % en 1998, nivel que es similar al que se había obtenido en los primeros años de la década, está por debajo del 50% del esfuerzo medio de los países de la Unión Europea y es casi tres veces menor que el de los países con mayor gasto relativo.

Además, la participación del sector empresas ni siquiera alcanza el 50% de ese total, mientras que en la mayoría de los países europeos dicha cifra supera ampliamente el 60%. No menos preocupante es la situación que muestran los datos de patentes -más cercanos a la realidad productiva- que no sólo nos sitúan a la cola en cuanto al nivel relativo de patentes por habitante, sino que muestran una de las situaciones mas desfavorables en la relación patentes de no residentes / patentes de residentes.

Los estudios disponibles sobre las ventajas tecnológicas relativas permiten afirmar que la economía española goza de una posición más favorable en una parte de lo que se suele denominar como la "industria tradicional", en segmentos de la industria química y varias ramas vinculadas a la ingeniería mecánica. Por el contrario, la situación es especialmente negativa en un amplio abanico de la industria química, incluyendo la del petróleo, en muchos sectores de maquinaria eléctrica o especializada, en prácticamente la totalidad de las industrias relacionadas con la tecnología de la información, en la industria aeroespacial y en instrumentos y aparatos especializados. Además se sabe que los incrementos de los recursos dedicados a la I+D en sectores "tradicionales" han rendido ganancias en competitividad internacional mayores que las obtenidas en las ramas de alto contenido tecnológico, donde las posiciones poco competitivas se han mantenido a pesar de haber sido esos sectores los que en mayor medida se han beneficiado de los recursos de I+D en las últimas décadas.

Un aspecto de singular importancia sobre el que debe llamarse la atención es el olvido que en los últimos años ha tenido la evaluación de los conocimientos tecnológicos procedentes del exterior. En efecto, la discusión sobre la política tecnológica ha ignorado el papel que en el desarrollo de la economía española tiene la tecnología procedente del exterior. A estos efectos cabe señalar que, en el mismo periodo en el que más aumentaron los recursos internos destinados a las actividades de I+D, la importación de tecnología siguió creciendo, como lo confirman el deterioro de la tasa de cobertura de la exportación de tecnología y el ya mencionado peso de las patentes de no residentes.

Incrementar sustancialmente y de forma sostenida los recursos destinados a I+D, otorgar mayor protagonismo a los agentes innovadores, establecer actuaciones más decididas en favor de sectores menos asociados con las nuevas tecnologías y equilibrar los pesos de la tecnología propia e importada, son algunos de los retos que nos esperan. Para ello debe producirse un giro decidido hacia una política de innovación, que esperemos no haya desaparecido con el cambio de nombre de un ministerio que se anunció como de la innovación y se ha creado con otro más convencional.

José Molero es catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto Complutense de Estudios de la Universidad Complutense.