Normal
"Aún no sé qué vamos a obtener. Ni siquiera estoy seguro de que vayamos a obtener nada, lo digo con toda humildad". Son palabras de Pujol pocas semanas antes de las últimas elecciones. Feo papel el de quien pedía de entrada más de medio billón para empezar a hablar de su apoyo al PP. Pero puede que sus problemas no hayan hecho sino empezar.Pues, mientras la ministra de Educación anuncia un nuevo Decreto de Humanidades, y a la espera del nuevo plan de financiación de las CC AA, la política de normalización lingüística no recibe sino varapalos. Ya la tramitación de la Ley de Política Lingüístic...
"Aún no sé qué vamos a obtener. Ni siquiera estoy seguro de que vayamos a obtener nada, lo digo con toda humildad". Son palabras de Pujol pocas semanas antes de las últimas elecciones. Feo papel el de quien pedía de entrada más de medio billón para empezar a hablar de su apoyo al PP. Pero puede que sus problemas no hayan hecho sino empezar.Pues, mientras la ministra de Educación anuncia un nuevo Decreto de Humanidades, y a la espera del nuevo plan de financiación de las CC AA, la política de normalización lingüística no recibe sino varapalos. Ya la tramitación de la Ley de Política Lingüística de 1998, que sustituía a la de Normalización de 1983, fue objeto de polémica y sólo un acuerdo de última hora impidió que el Defensor del Pueblo la recurriera por anticonstitucional. Poco después fue la batalla por los doblajes de películas al catalán, también perdida por la Generalitat frente a las distribuidoras. Y ahora se abre por dos frentes la "normalización" universitaria.
El primero, en la más catalanizada de las universidades, la Rovira. La sanción a una profesora por desobedecer órdenes (verbales, práctica más que sospechosa) de no entregar exámenes de selectividad en castellano dio lugar a una denuncia ante los tribunales, que suspendieron el Reglamento de Usos Lingüísticos de la Universidad imputando al rector en un duro juicio por prevaricación. La reacción del catalanismo fue por lo demás exagerada. El Parlament oyó al rector en un asunto sub iudice y más de un centenar de alcaldes de Tarragona firmaron otro documento de apoyo denunciando "una actitud de hostilidad contra la lengua catalana" que, "por medio de un recurso de inconstitucionalidad", trataba de frenar la normalización. Al parecer, solicitar amparo ante los tribunales puede ser desacato.
La historia se repite en la menos catalanizada de las universidades, la Pompeu Fabra, y acerca de la definición del catalán como idioma oficial propio de la Universidad. Según el juzgado de lo contencioso de Barcelona, ni las universidades pueden tener idiomas propios (competencia no amparada por la autonomía universitaria del art. 27.10 de la CE) ni éste puede ser sólo el catalán. Y de nuevo las reacciones son poco prudentes; el director de Política Lingüística de la Generalitat acusa a los jueces de ser "juez y parte, ya que... entienden que pueden pasearse por toda España sin necesidad de saber catalán, gallego o vasco".
Pero el problema no es ya el de la normalización de la lengua catalana, por fortuna plenamente conseguida. Nada menos que el 95% de los catalanes son bilingües, sin duda como consecuencia de la inmersión lingüística, una política que pudo parecer errónea, pero que el tiempo (y la comparación con otras CC AA, como Euskadi) ha mostrado acertada. Todo un éxito en menos de 20 años. La normalización es tan obvia que en las recientes pruebas de selectividad en la Rovira sólo el 3% de los estudiantes solicitaron el examen en castellano.
Dejemos, pues, de abusar del lenguaje. "Normal. Dícese de lo que se halla en su natural estado", asegura la Real Academia. Pues bien, lo que no estaría en su "natural estado" es que en una comunidad bilingüe, en la que el 46% de los ciudadanos utilizan el castellano (el 45% usa el catalán), lógicamente con dos idiomas oficiales, en la que el 55% tuvieron el castellano como lengua materna (y sólo un 39% el catalán), lengua en la que está escrita buena parte de su literatura y su historia, no se puedan realizar exámenes en castellano o se dé preferencia al uso de ninguna (y, repito, ninguna) de las dos lenguas. Lo que en este caso tiene además consecuencias académicas que afectan a la libertad de cátedra: Gösta Esping-Andersen, profesor visitante en la Pompeu y prestigioso sociólogo, ha sido denunciado por las juventudes de Esquerra porque no acepta exámenes en catalán. El problema es que él, que habla francés, inglés, alemán, italiano y español, no entiende el catalán.
De modo que no hay intención alguna de desestabilizar el proceso lingüístico, salvo que desee aludir a la intención de desestabilizar el castellano "en su natural estado". Estamos ante un problema de derechos humanos y de libertad de expresión. Normalizado el catalán, por favor, hagamos normal el castellano. De verdad que no hay nada anormal en ello.