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Granados pospone la decisión sobre los censos para evitar la fractura en la gestora socialista

La dirección provisional de los socialistas valencianos dejó ayer en suspenso la aprobación de los censos que se utilizarán para la convocatoria del próximo congreso de septiembre. La tensa discusión entre ciscaristas y renovadores obligó al presidente de la gestora del PSPV, Francisco Granados, a posponer la resolución del debate para una próxima discusión. Los ciscaristas, que no dudaron en cuestionar el papel de Granados como presidente de la gestora y coordinador del área de finanzas, amenazaron con exigir una votación para exteriorizar la división.

El presidente de la gestora del PSPV, Francisco Granados, se empleó ayer a fondo para mantener el consenso en la dirección provisional de los socialistas valencianos y evitar transmitir una imagen de división interna. Los ciscaristas, aprovechando la ausencia de los alcaldes de Elda y Torrent, Juan Pascual Azorín y Jesús Ros, que les daba la mayoría intentaron forzar una votación para minorar el número de delegados que aportará la agrupación comarcal de Valencia al próximo congreso de septiembre. Los partidarios del ex secretario federal de Organización Ciprià Ciscar insistieron en sus intervenciones en que no se aplicase el censo que reconoce para Valencia la dirección federal del PSOE y se aplicase el convenio excepcional forzado por la anterior dirección socialista para el frustrado congreso de septiembre del año pasado. Los críticos con la gestión realizada por Ciscar recalcaron que el convenio firmado entonces manifestaba su excepcionalidad y que la revisión definitiva en el número de militantes estaba sujeta a la adecuación de los censos de todas las comarcas del PSPV.Las explicaciones de Francisco Granados de que los miembros de la comisión de Administración y Finanzas ya habían alcanzado un principio de acuerdo para dar por bueno el censo fijado por la dirección federal para Valencia cayeron en saco roto. Granados argumentó que la comisión había establecido contar la deuda por cuotas de la agrupación comarcal de Valencia en base a la militancia reconocida por el federal desde el fallido congreso de septiembre -tras el que dejó de tener vigencia el convenio forzado por Ciscar-, hasta la fecha.

La argumentación no fue asumida por los ciscaristas, que llegaron a cuestionar que Granados fuese el coordinador de la comisión de Administración y Finanzas y la presidencia de la gestora.

La reunión de la gestora ya se inició de manera conflictiva, al pretender los ciscaristas que las impugnaciones presentadas a sendos acuerdos de las ejecutivas comarcales de Camp de Morvedre y L'Alacantí se resolviesen durante la reunión. Tras una larga discusión sobre matices estatutarios, y tras recordar que todavían quedaban pendientes de resolver impugnaciones presentadas por los críticos a las anteriores gestoras del PSPV, entonces controladas por los ciscaristas, Francisco Granados aceptó enviar una carta a todas las agrupaciones comarcales recordándoles la obligación de actuar estatutariamente.

El presidente de la gestora del PSPV logró también, pese a las protestas de alguno de los miembros de su equipo, que se aceptase que todas las impugnaciones que se presenten al proceso de elección de delegados al 35 congreso del PSOE se remitan a la dirección federal para que las resuelva. Una decisión que evitará la discusión en el seno de la gestora del PSPV y que, previsiblemente, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, se resuelvan cuando ya no tengan ninguna importancia operativa en el proceso congresual.

La duración de la reunión no permitió a la dirección provisional tratar ningún otro tema de partido.

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