Acuerdo de base
En la guerra de papel declarada por ETA al PNV, una cosa es clara: ETA, PNV y EA, "con la intención de abordar una nueva etapa en el conflicto con España", firmaron en agosto de 1998 lo que en el Documento A, publicado por Gara, se define como "acuerdo de base". Según dice textualmente este documento, sellado en debida forma por las tres partes, los firmantes del Acuerdo asumen el compromiso de dar pasos efectivos para la creación de una institución única y soberana; llegar a acuerdos puntuales y de largo plazo con las fuerzas favorables a la construcción de Euskal Herria y abandonar todos...
En la guerra de papel declarada por ETA al PNV, una cosa es clara: ETA, PNV y EA, "con la intención de abordar una nueva etapa en el conflicto con España", firmaron en agosto de 1998 lo que en el Documento A, publicado por Gara, se define como "acuerdo de base". Según dice textualmente este documento, sellado en debida forma por las tres partes, los firmantes del Acuerdo asumen el compromiso de dar pasos efectivos para la creación de una institución única y soberana; llegar a acuerdos puntuales y de largo plazo con las fuerzas favorables a la construcción de Euskal Herria y abandonar todos los acuerdos que tenían con las otras fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria (PP y PSOE). Uno de los firmantes, ETA, se comprometía a proclamar un alto el fuego indefinido.A pesar de que Joseba Egibar negó por tres veces en una entrevista (EL PAÍS, 4 de octubre de 1998) haberse reunido "con ningún dirigente de ETA", lo cierto es que PNV y EA firmaron con ETA ese documento, al que añadieron una "Propuesta para el desarrollo del acuerdo". PNV y EA proponían mantener conversaciones sobre estrategia, intenciones, pasos, medidas y ritmos; se reservaban la posibilidad de encontrar fórmulas de gobernabilidad con otras fuerzas; afirmaban que el alto el fuego indefinido suponía el respeto a los derechos humanos individuales y pretendían que "los firmantes se comprometieran a no hacer público el contenido de este acuerdo, sin acuerdo expreso de las tres partes". Hay todavía un Documento C, firmado en exclusiva por el PNV, que no añade nada, excepto una más torpe sintaxis, al Documento B.
Éstos son los tres documentos firmados por el PNV en agosto de 1998. De ellos nació el Pacto de Estella, la exclusión de pactos de Gobierno con los socialistas, la creación de la Asamblea de Electos. Fueron meses de entusiasmo entre los dirigentes del PNV, de seguridad en la política emprendida, de autocomplacencia por los pasos de gigante dados hacia la paz. Tan convencidos estaban de que ETA cumpliría el compromiso de no publicar el acuerdo y de que el desistimiento de matar era irreversible, que el mismo Egibar afirmó entonces, expresa y enfáticamente, primero, que "no había nada firmado con ETA" y, segundo, que "si ETA volviera a matar no habría ninguna actuación política conjunta más" con HB.
El entusiasmo de la dirección del PNV respondía a la convicción, expresada por Arzalluz, de que HB se situaría como segundo partido de Euskadi desde las inminentes elecciones autonómicas. Toda la estrategia elaborada por el PNV desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco partía de ese supuesto: si ETA dejaba de matar, PNV y HB (o su marca electoral EH), presentándose como artífices de ese logro histórico, barrerían al PSOE y al PP de la vida política vasca y podrían avanzar hacia un horizonte soberanista. Era una apuesta arriesgada por lo que tenía de cesión, pero plausible por lo que tenía de expectativa: un país aliviado por el fin del terror se encaminaría masivamente a votar a los gestores de la paz.
Si plausible como expectativa, esa política ha resultado un fracaso en la práctica: los ciudadanos vascos han seguido votando más o menos como siempre, y ETA, en consecuencia, ha vuelto a matar. Para el caso de que esto sucediera, los dirigentes del PNV amenazaron con la ruptura de todos los compromisos con HB y hasta llegaron a anunciar que se retirarían de la dirección de su partido. Por supuesto, no han cumplido su palabra: siguen afirmando la validez del Pacto de Lizarra y siguen sin presentar su anunciada dimisión. Bien, están en su derecho. Si su partido no les exige responsabilidades por el fracaso de la política derivada del "acuerdo de base" con ETA, allá ellos. Pero sí cabe exigir a políticos tan gallardos que no abominen de aquella "paz de los valientes" que con tantas ínfulas proclamaron y no nos vengan ahora con esa pamplina de la prueba del algodón de que jamás, jamás, firmaron ningún acuerdo con ETA.