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Petición de año y medio de cárcel por esterilizar a una discapacitada

Dos médicos del Hospital Clínico San Carlos, juzgados por lesiones causadas al esterilizar sin autorización judicial a una joven con síndrome de Down, afirmaron ayer ante la Audiencia Provincial de Madrid que desconocían la necesidad de solicitar ese permiso, que es obligatorio desde la reforma del Código Penal de 1989. Los hechos imputados ocurrieron en 1997.El fiscal elevó a definitiva la petición de un año y medio de cárcel y una indemnización de 10 millones de pesetas. Según la acusación, la joven Alicia M. P., de 19 años, fue esterilizada por el jefe de Ginecología y Obstreticia, Manuel E. F., y el cirujano Antonio C. B.

El director del departamento alegó no conocer a la paciente y no tener la obligación de conocerla. "Supe que tenía síndrome de Down cuando el Juzgado de Instrucción me solicitó sus informes médicos". Por su parte, el cirujano pidió perdón por desconocer el requisito judicial.

La intervención quirúrgica se produjo tras la petición de los padres de la joven, que ejercían la patria potestad por haber sido ella incapacitada judicialmente. Según el escrito del fiscal, los padres trataban de "evitar un embarazo no deseado" y pidieron una ligadura de trompas.

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