El consejero de Interior vasco anima al PP a que cambie la 'ley Corcuera'

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, animó ayer al PP a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera, si considera que resulta excesivamente garantista de los derechos de los manifestantes. El grupo popular en el Parlamento de Vitoria había pedido su comparecencia ante la comisión correspondiente para que explicara las directrices de su departamento sobre las concentraciones de grupos ligados a Herri Batasuna ante los domicilios de dirigentes y cargos públicos no nacionalistas. En este tipo de manifestaciones los congregados gritan consignas en favor del traslado de los presos etarras a Euskadi o su entorno y se profieren amenazas e insultos contra los electos del PP o el PSE-EE.Balza recordó al portavoz de los populares, Carlos Urquijo, que la viceconsejería de Seguridad tiene por norma prohibir las concentraciones y que envía a ellas una patrulla policial cuando se celebran. Normalmente, el problema, según él, es que siempre se reúnen menos de 20 personas, algo que, según la Ley de Seguridad Ciudadana, no precisa de autorización.

Balza también subrayó la imposibilidad de hacer ningún tipo de detenciones, ya que "los insultos, las amenazas y las coacciones son faltas y los agentes no pueden detener por estos motivos porque serían acusados de detención ilegal". "Si no, ya saben lo que tienen que hacer, cambiar la ley Corcuera, que parece les resulta excesiva", dijo a sus interlocutores. Según sus datos, en 1999 se celebraron 26 concentraciones de esta clase, con seis expedientes por infracción de la ley Corcuera, unas diligencias remitidas al juzgado y una sanción impuesta.

Por otra parte, Balza se escudó en las recomendaciones de flexibilidad del Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco) sobre las visitas a reclusos hospitalizados para negar un trato de favor hacia los que realizaron una huelga de hambre en diciembre y enero pasados.

La oposición acusó al consejero de "pagar un peaje a EH por su apoyo al Gobierno" y "evitarse problemas" gracias a una actuación de "connivencia y flexibilidad con el entorno de ETA". El PP y el PSE creen que el pacto firmado con EH condiciona la política de seguridad en Euskadi.