El Supremo rechaza que Matutes haya desobedecido resoluciones judiciales

El Tribunal Supremo ha desestimado las querellas presentadas por víctimas de la dictadura chilena contra el ministro de Exteriores, Abel Matutes, al apreciar que la extradición de Pinochet a España queda en el ámbito político, y el ministro, por tanto, no ha desobedecido una orden judicial ni ha incurrido en denegación de auxilio a la justicia.

El magistrado ponente de la resolución, José Antonio Martín Pallín, aprovecha la resolución para recomendar que se someta a una profunda revisión el instituto de la extradición con el fin de adecuarlo al "imparable desarrollo del principio de justicia universal que emana de diversos tratados y convenios internacionales" suscritos por España.El Supremo añade que la existencia del Tribunal Penal Internacional recientemente creado "exige que la reclamación de personas para ser enjuiciadas se haga dentro del ámbito estrictamente jurisdiccional, desapareciendo los vestigios del pasado que interfieren en las decisiones judiciales con resoluciones administrativas absolutamente incontrolables y de matiz político coyuntural, con grave quebranto del principio de legalidad".

La sala de admisión del Supremo que ha dictaminado sobre las querellas señala como característica más significativa de la ley inglesa que en ésta "se confiere al secretario de Estado del Home Office [Ministerio del Interior] la decisión última en cuanto a la concesión o no de la extradición".

"Esta prioridad gubernamental", prosigue el Supremo, aparece refrendada en numerosas referencias del veredicto favorable a la extradición emitido por el magistrado inglés Ronald Bartle, como aquella en la que dice: "Si el senador Pinochet no es liberado, la decisión final sobre su extradición a España depende del secretario del Interior y no de los tribunales".

Según el Supremo, el propio juez Baltasar Garzón, en un escrito dirigido a la Fiscalía de la Corona, que representa los intereses de España en el proceso, reconoce que "el Home Office tiene facultad para tomar una decisión política en el curso de la extradición".

El Tribunal Supremo llega a la conclusión de que la extradición de Pinochet se encuentra en una fase en la que se ha abandonado la esfera judicial y se ha entrado en la fase administrativa, "cuyas vicisitudes ya no corresponden a la autoridad judicial que inició el expediente de extradición". En esta fase, cualquier sugerencia que proceda de la autoridad judicial "merece ser estudiada detenidamente", pero no vincula a las autoridades gubernamentales españolas.

En definitiva, la petición de Garzón de agotar todos los recursos necesarios no puede incardinarse como "una resolución judicial a la que deba darse estricto cumplimiento, sino dentro de una petición sobre cuya decisión entiende la autoridad administrativa española". El tribunal concluye que no puede contemplarse el delito de desobediencia o denegación de auxilio ni la medida cautelar solicitada de ordenar que se recurra la decisión de Straw si ésta se produce.