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ENTRA EN VIGOR LA LEY DE EXTRANJERÍA

Las principales novedades de la ley

La nueva Ley de Extranjería cambia de forma radical la filosofía de la anterior, que se basaba en conceder derechos a los extranjeros residentes legalmente en España y olvidar a los demás. El propio título de la reforma habla de la "integración social" de esas personas. Se distingue entre inmigrantes residentes -aquéllos que se hallan en la legalidad- y los que "se encuentran en España" independientemente de su situación legal. La mayoría de los derechos incluyen a los dos grupos. La ley consagra los "derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución" de los extranjeros en España, en igualdad de condiciones que los españoles. Los puntos que desarrollan esta idea son los siguientes: - Residencia. Una vez que se obtiene, llega la posibilidad de trabajar y de tener acceso a todo el sistema de funcionamiento de la sociedad. La nueva ley facilita mucho su obtención a aquéllos que hayan entrado de forma irregular en España. Lo más sencillo es demostrar que han estado al menos dos años ininterrumpidos residiendo en el país y que tienen medios para subsistir. Es la llamada "regularización automática". A partir de ahí tendrán cinco años de residencia temporal, que luego podrá ser permanente. Habrá una regularización masiva para todos los que demuestren haber llegado a España antes del 1 de junio de 1999, siempre que hayan solicitado permiso de residencia o trabajo.

- Trabajo. La ley no incluye sustanciales novedades en cuanto a la obtención del permiso de trabajo, aunque queda desvinculada, al menos formalmente, de la residencia. Sigue vigente el sistema del contingente que establece cada año el Ministerio de Trabajo. Se incluye un apartado especial para regular la situación de los temporeros. Se reconoce el derecho de sindicación y huelga de los extranjeros. Además, podrán tener acceso como personal laboral a las Administraciones Públicas.

- Sanidad. Todos los inmigrantes tendrán derecho a la atención sanitaria de urgencia. Los que estén inscritos en un padrón municipal podrán recibir todo tipo de asistencia en las mismas condiciones que los españoles. Los menores y las embarazadas, sólo por encontrarse en España, deberán ser atendidos plenamente.

- Seguridad Social y servicios. Los servicios sociales básicos quedan garantizados para todos. A cambio de ello, los inmigrantes están sujetos al mismo régimen impositivo que los españoles. Los residentes tendrán derecho a todas las prestaciones sociales y los servicios de la Seguridad Social. Dentro de ellos se incluyen las ayudas para comprar una vivienda. El Gobierno deberá facilitar que los extranjeros puedan enviar dinero a sus familias.

- Educación. Totalmente garantizada. Todos los inmigrantes tienen derecho a la educación tanto básica como superior. También pueden obtener, igual que los españoles, ayudas y becas. En el caso de los residentes, además, podrán ser profesores o investigadores.

- Voto en las elecciones municipales. Sólo para los residentes, pero el resto podrá elegir a sus propios representantes. Además, el Gobierno queda obligado a facilitar que los extranjeros puedan participar en los procesos electorales de sus respectivos países.

- Reagrupación familiar. Otro de los elementos clave para los inmigrantes, que suelen llegar solos y quieren traerse a sus familias. Los residentes podrán traer a su cónyuge, a sus hijos menores de 18 años y a los ascendientes si prueban que dependen económicamente de él. Todos ellos obtendrán la residencia temporal.

- Menores. Si la policía localiza a un menor indocumentado, deberá ponerlo en conocimiento de los tribunales tutelares de menores. Si se comprueba que está desamparado, las autoridades se harán cargo de él y, a instancias del organismo que lo tutele, se le concederá un permiso de residencia válido desde el día en que fue puesto a disposición del servicio de protección de menores.

- Visados. No se establecen nuevas exenciones, por lo que seguirá siendo bastante complicado entrar en España. La novedad más importante está en que su denegación deberá ser motivada. La Administración deberá además indicar los recursos que se pueden entablar contra esa resolución. El proceso de la denegación deberá tener una duración máxima de tres meses. Sólo en condiciones excepcionales de algunos países se podrán denegar los visados sin establecer los motivos para esa decisión.

- Expulsión. Sigue siendo motivo de expulsión la entrada en patera o cualquier otro medio ilícito. Será por un periodo mínimo de tres años y máximo de diez. El extranjero que, después de entrar ilegalmente, colabore con la policía para la detención de las mafias que organizan viajes clandestinos conseguirá evitar que le expulsen, pero siempre que demuestre que ha sido víctima de tales mafias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2000